La Unión de Lucha Anticapitalista (ULA), denunció que a diez años del asesinato de Bety Cariño, activista del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y Jiry Jaakkola defensor de derechos humanos de origen finlandés, las autoridades no han ejecutado todas las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables.
A través de un comunicado, la Unión recordó que una caravana humanitaria se dirigía a San Juan Cópala, Oaxaca, para distribuir alimentos y medicinas a la comunidad que sufría por un cerco "paramilitar" desde 2009, pero en el paraje La Sabana fueron víctimas de un ataque por éstos grupos "en complicidad con el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz".
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En el ataque perdieron la vida los activistas Bety Cariño y Jiry Jaakkola. Días antes, el 17 de abril Celestino Hernández Cruz de 53 años, encargado del albergue de San Juan Copala, fue asesinado por la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).
"Fueron meses de violencia constante por parte de fuerzas paramiltares de la UBISORT-PRI y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), en ese entonces integrante del Partido de Unidad Popular (PUP) y en septiembre desplazaron forzadamente a la comunidad de San Juan Copala", agregó el comunicado.
A 10 años de la masacre, no se han ejecutado todas las ordenes de aprehensión contra los asesinos, además el Estado mexicano no ha atendido los reclamos internacionales que han hecho los eurodiputados y los familiares de Bety y Jiry.
Por lo anterior reiteraron su llamado a la justicia para los activistas y el retorno de las familias en situación de desplazamiento forzado a sus lugares de origen.