El juez Jonathan Bass Herrera, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, le negó la suspensión provisional a la empresa de autopartes Bocar Group, con la que buscaba reiniciar sus actividades, las cuales fueron interrumpidas por la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La firma impugnó los acuerdos del 31 de marzo y 6 de abril de la Secretaría de Salud, que no incluyeron a la industria automotriz entre las actividades esenciales que podían seguir operando durante abril.
El juez Bass Herrera justificó su decisión al argumentar que la suspensión podría afectar el interés de la colectividad ante la pandemia por coronavirus.
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"De conceder la medida cautelar se afectaría el interés de la colectividad a la salud y se violarían las disposiciones de orden público, toda vez que las autoridades estatales tienen el compromiso de implementar políticas y estrategias para contrarrestar la epidemia ocasionada por el coronavirus".
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El 15 de abril, el juzgador se negó a tramitar el amparo, por considerar que no calificaba como "urgente"; sin embargo, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado Administrativo le ordenó tramitar la demanda, por considerar que el asunto sí es urgente.
Los magistrados consideraron que la suspensión de las actividades le impediría a la empresa continuar operando para cumplir con sus obligaciones contractuales, lo que se traduciría en un menoscabo en sus recursos financieros y, previsiblemente, en poner en riesgo su subsistencia y la conservación de su planta laboral.