Va Morena, otra vez, por recorte a partidos; lanza reforma a Ley de Adquisiciones

Los proyectos aparecen publicados en la Gaceta Parlamentaria y fueron turnados directamente al análisis en comisiones.

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La fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados formalizó la presentación de una serie de iniciativas que van desde los cambios a la Ley de Adquisiciones que el Ejecutivo Federal les instruyó a impulsar; hasta el recorte de 50 por ciento al financiamiento a partidos.

También, presentó una propuesta para implementar la "austeridad republicana" y disminución de los recursos públicos para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos.

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Los proyectos aparecen publicados en la Gaceta Parlamentaria y fueron turnados directamente al análisis en comisiones.

La propuesta de cambios al artículo 41 de la Constitución, para reducir 50 por ciento las prerrogativas de partidos, reconoce que el anterior intento para hacer avanzar esa disposición no contó con la cantidad de votos suficiente.

Agrega que es urgente implementar la medida, en este caso por la contingencia sanitaria a causa del coronavirus, agravada por la caída en los precios del petróleo.

En el documento, los morenistas en San Lázaro llaman a todas las fuerzas políticas a reconsiderar su negativa, ante la emergencia económica y la necesidad de liberar cuantos fondos sean posibles, para dirigirlos a "garantizar que todas y todos los mexicanos mantengan un estado de bienestar durante la emergencia".

Recuerda que este 2020 los partidos contarán con un monto total de cinco mil 239 millones de pesos y si la reforma avanza, el ahorro sería equivalente a dos mil 619 millones de pesos.

Estima que para 2021, que será un año electoral, el financiamiento a partidos superará los siete mil 200 millones de pesos. Si prospera el recorte de 50 por ciento, el ahorro sería e tres mil 500 millones de pesos.

Asevera que en medio de la emergencia sanitaria más grave de los últimos 100 años, no puede haber partidos políticos que "dilapiden" recursos públicos.

No se busca diezmar la capacidad de acción política de los partidos, elemento necesario para el desarrollo democrático, sino reducir los recursos públicos destinados a ello, insiste.

 

La iniciativa indica que el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos, se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, por el "treinta y dos punto cinco por ciento" del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y no por 65 por ciento, como actualmente marca la Constitución.

"El treinta por ciento de la cantidad que resulte (\u2026) se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior", dice la reforma.

En artículos transitorios, dice que los recursos liberados se destinarán a programas de salud y de reactivación económica implementados para contrarrestar el impacto del coronavirus.

La otra propuesta de reforma a los artículos 40 y 41 de la Constitución, firmada por el diputado Sergio Gutiérrez también señala que el fin es aplicar una "importante reducción del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes" teniendo como premisa fundamental el principio de austeridad republicana "y destinar el ahorro que se obtenga para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus".

Las modificaciones al artículo 40 de la Carta Magna tienen como propósito introducir el principio de austeridad republicana, como obligatorio para partidos políticos.

Lo anterior, agrega el texto, en respuesta a las exigencias de gasto racional de los recursos públicos, lanzadas por la sociedad y en cumplimiento de las promesas de campaña del partido Morena y del Presidente de la República.

La iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, argumenta que su objetivo es combatir la corrupción en las compras públicas que en "gobiernos neoliberales" anteriores fueron utilizadas para el enriquecimiento de gobernantes y grupos privilegiados.

"Se busca establecer un marco jurídico renovado que regule las contrataciones públicas a fin de garantizar que ningún servidor público o particular pueda beneficiarse con recursos económicos que son propiedad únicamente del pueblo de México", señala.

Añade que el sistema electrónico CompraNet debe ser una herramienta que permita "tener un control absoluto" de las contrataciones públicas, transparentar adquisiciones, arrendamientos y los contratos de servicios.

Recalca que se generalizará el modelo de compras consolidadas, a fin de reducir el número de instancias con facultades para realizar adquisiciones y favorecer el ahorro de recursos públicos.

"Los recursos provenientes de esas economías podrán ser utilizados en programas sociales estratégicos para el abatimiento de la pobreza y para la atención de los sectores más vulnerables", agrega la propuesta.