Diversas organizaciones de la sociedad civil, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, haga uso del aparato de justicia penal contra los ciudadanos que violen el aislamiento.
A través de un comunicado emitido por la organización Equis Justicia para las Mujeres, señalaron que aún cuando en algunos Códigos Penales del país ya se contempla el delito de contagio, no es la forma para cumplir con el objetivo de que las personas se queden en sus casas, para evitar expandir el contagio por COVID-19.
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Luego de asegurar que comparten la necesidad de que se acaten todas las medidas indicadas por la Secretaría de Salud para hacer frente a la pandemia, consideraron que el uso de la fuerza pública sería violatorio de los derechos humanos, significaría la criminalización de la pobreza porque se castigaría a quienes no tienen posibilidades de quedarse en casa por la falta de ingresos.
Advirtieron también que los gobiernos han centrado la difusión de información en áreas urbanas y a través de medios que son de difícil acceso para la población rural y aún cuando reconocieron que el gobierno de Yucatán ha incluido el idioma maya en los mensajes sobre la pandemia, no es suficiente.
Finalmente, instaron al gobierno de Yucatán y en general a los gobiernos locales, a que se abstengan de tomar medidas relacionadas con la suspensión de derechos o la incorporación de medidas punitivas para garantizar el aislamiento.