La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) y la organización Reporteros Sin Frontera (RSF), exigieron a las autoridades, justicia por el asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, ejecutada en Veracruz.
Este es el primer asesinato de un comunicador o comunicadora en México en lo que va del año y criticaron que a pesar de haber denunciado públicamente las amenazas de las que fue objeto por su labor periodística, no se tomaron medidas de resguardo suficientes para garantizar su vida y que además, evidenciaron fallas, omisiones y negligencia de las instituciones que están obligada a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra mujeres periodistas.
La RIPVG evidenció a través de un comunicado, que México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y Veracruz ocupa el primer lugar en asesinatos de periodistas al registrarse en esa entidad 23 de los 153 crímenes cometidos en todo el territorio nacional del 2000 a noviembre del 2019. De estos 153, 16 fueron contra mujeres periodistas; 3 de ellas en ese estado.
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Por su parte RSF señaló que Ferral Hernández era corresponsal de los periódicos locales Diario de Xalapa y El Heraldo de Poza Rica; también fue fundadora del portal de noticias Quinto Poder de Veracruz. Investigaba los secuestros y las desapariciones forzadas, a menudo imputadas a la policía. En 2016 denunció varias veces ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP) que había recibido intimidaciones y amenazas de políticos de la región.
Entonces, la CEAPP le otorgó dispositivos de protección (escolta, GPS). Sin embargo, en 2017 el Secretario de Seguridad del estado de Veracruz decidió, sin consultar a la comisión, quitarle dicha protección porque la reportera no había hecho un "buen uso" de ella.
Ante éstos hechos, ambas organizaciones han exigido a las autoridades investigas de manera exhaustiva, con celeridad y efectividad, atendiendo la línea relacionada con su labor periodística y con perspectiva de género.
Además de asegurar el acceso a la justicia y sanción a los responsables del asesinato y de quienes profirieron las amenazas en contra de la periodista y garantizar a los familiares de la víctimas las medidas de seguridad y protección, entre otras cosas.