La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpusieron diputados de Baja California Sur por la presunta intromisión del gobernador Carlos Mendoza Davis en las labores del Poder Legislativo de la entidad.
Asimismo, el Alto Tribunal concedió la suspensión a los legisladores para el efecto de que el Poder Ejecutivo local, por conducto de la Policía estatal, no impida u obstaculice las funciones que constitucionalmente corresponde realizar a los integrantes del Poder Legislativo.
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Sin que ello implique que los elementos de la corporación policiaca dejen de llevar a cabo el trabajo de resguardo de las instalaciones de ese Congreso local y de la Auditoría Superior del estado.
Este conflicto surgió a raíz de que los diputados de Morena y del Partido del Trabajo ejercieron su mayoría para destituir a los presidentes de varias comisiones y puestos legislativos, entre ellos a la Mesa Directiva, la de Igualdad, Puntos Constitucionales y la Dirección de Administración y Finanzas.
Tras esta determinación, el gobernador Mendoza Davis envió a la policía estatal para resguardar las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas del Congreso, lo que impidió concretar el cambio de su titular.
Por ello, los legisladores señalaron en la controversia que con esa determinación el mandatario estatal transgrede, entre otros, el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Política, el cual protege la separación de funciones entre los Poderes Públicos de una entidad federativa, y que con ello se obstaculiza al Congreso de la entidad ejercer las facultades que constitucionalmente le corresponde llevar a cabo.