En la administración pública federal, durante 2017 se registraron 145 denuncias en 51 dependencias de gobierno, por acoso y hostigamiento sexual, ello, de acuerdo al Informe Estadístico de Registro de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), indicó la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Soraya Pérez.
La legisladora recordó que su fracción ya presentó una iniciativa de reforma cuyo fin es establecer que quienes cuenten con el grado de Servicio Profesional de Carrera, lo pierdan si incurren en faltas como hostigamiento, acoso laboral y acoso sexual contra cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del lugar donde lleve a cabo sus labores.
Los cambios señalados a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal se analizan en la Comisión de Gobernación.
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Las cifras dadas a conocer por el INMUJERES, revelan que el 91 por ciento de las denuncias fueron presentadas por mujeres, el ocho por ciento por hombres y en el uno por ciento de los casos, no se especifica, abundó la diputada Pérez Munguía.
El estudio refleja, añadió, que el 34 por ciento de las denuncias involucró a hombres de entre 45 y 59 años de edad y casi el 50 por ciento de los casos estuvieron asociados a actos o proposiciones de tipo sexual.
La congresista sentenció que la cifra de 145 denuncias formales es solo una muestra de lo que ocurre en la realidad, pues se estima que la cifra negra podría prácticamente duplicar el número de casos, esto, según la organización México Evalúa.
Por lo anterior, consideró necesario aprobar el dictamen referido, así como imponer sanciones administrativas e incluso penales, cuando los funcionarios públicos violen de manera grave y reiterada el Código de Ética de la dependencia o entidad de gobierno en la que se desempeñen.
Agregó que debería establecerse como requisito para ingresar al Sistema de Servicio Profesional de Carrera (SSPC), no haber sido sentenciado con penas privativas de la libertad por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro y trata de personas.
Tampoco se le podrá integrar al Servicio Profesional si fue acusado y sentenciado por robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo a transporte, huachicoleo, desaparición forzada de personas, desaparición cometida contra particulares, demandó.
El caso será el mismo si cometió delitos con armas y explosivos, contra la seguridad de la nación, contra el libre desarrollo de la personalidad y contra la salud.