La Cámara de Diputados avaló la minuta del Senado, con reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Civil Federal, que permitirá a jóvenes menores de edad, de 15 a 17 años, abrir cuentas bancarias de ahorro, con el fin de disponer de los recursos que aporta el Ejecutivo Federal a través de becas.
Los cambios aprobados con 462 votos, serán turnados al Presidente de la República, para su publicación oficial y entrada en vigor.
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Refieren que los adolescentes de entre 15 y 17 años, podrán celebrar contratos con instituciones bancarias, a fin de disponer de los fondos depositados por la autoridad federal, ello, sin que sea obligatoria la intervención de sus padres o tutores o algún otro representante legal.
Aunque, los padres o tutores del menor deberán ser enterados de la apertura de la cuenta bancaria.
El Banco de México establecerá reglas generales para mantener control y seguimiento a la utilización de las cuentas que abran los beneficiarios menores de 18 años.
Fijará requisitos, condiciones, limitaciones y obligaciones para la disposición del dinero depositado solo en medios electrónicos y provenientes de programas sociales del Gobierno de México; y cuando se trate del sueldo o salario depositado por el empleador.
Puntualiza que en dichas cuentas no admitirán depósitos de dinero en efectivo ni la transferencia de recursos de personas físicas y morales distintas a las referidas.
De igual modo, se impedirá que los usuarios de las cuentas puedan adquirir créditos o solicitar préstamos con cargo al depósito del dinero de becas y apoyos gubernamentales.
Al fundamentar el dictamen avalado en los mismos términos que el Senado de la República, la presidenta de la Comisión de Hacienda e integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Terrazas, calificó como un avance la "bancarización" de jóvenes menores de 18 años de edad.
Lo anterior, tras recordar que en el país hay cerca de siete millones de personas de entre 15 y 17 años de edad, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Se trata de una medida de inclusión financiera que, sujeta a los controles necesarios, resultará benéfica para la dinámica económica interna, apuntó la congresista.