La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, consideró que el caso de las recientes liberaciones de Óscar Andrés “N”, El Lunares, y dos de sus cómplices, así como la carencia de órdenes de aprehensión para realizar detenciones en otros casos, "ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la investigación criminal a fin de lograr la eficacia en la recuperación de la seguridad que la sociedad justamente nos reclama".
Mediante una nota informativa, la dependencia a cargo de Alfonso Durazo, se comprometió a fortalecer sus áreas de investigación e inteligencia y colaborar con las fiscalías para lograr investigaciones más sólidas, "de tal forma que evitemos que los abogados aprovechen las rendijas en la ley y continúe existiendo una auténtica puerta giratoria, que hace posible que estos posibles delincuentes sean capturados y posteriormente liberados de forma casi inmediata".
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Sin embargo, aclara que la conducción de la investigación corresponde, de acuerdo a la Constitución, al Ministerio Público, y es competencia de la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión que en su caso correspondan.
"Una de las debilidades más recurrentes de nuestro sistema de justicia, por décadas de abandono y desatención, es que hemos dependido en demasía de las detenciones en flagrancia para lograr la judicialización de casos criminales, incluso en aquellos sobre los que se cuenta con información de inteligencia o de otras áreas de investigación", señala el texto.
Afirmó que para abatir este fenómeno histórico que genera tanta impunidad, "tenemos que convertir la información obtenida por los organismos de inteligencia y las instituciones policiales en elementos judicializables; es decir, en registros de investigación válidos que puedan integrarse a las carpetas de investigación".
Lo anterior, para que sea posible la solicitud de órdenes de aprehensión por parte de las fiscalías, así como la justificación de la vinculación a proceso, solicitud de medidas cautelares, y sobre todo, aportación de pruebas para lograr sentencias condenatorias en juicios conforme a derecho.
"En el gobierno federal estamos trabajando de forma comprometida y coordinada para cerrar estos vacíos históricos, que constituyen un auténtico cuello de botella del proceso para cancelar plenamente la impunidad en el marco de nuestro Estado de Derecho", aseguró.