Integrantes de la sociedad civil y defensores del medio ambiente, advirtieron que la violencia y persecución contra activistas podría agravarse, como resultado de la propuesta de la SEMARNAT, de crear un cuerpo especializado de Protección a Ambientalistas con participación de la Guardia Nacional.
A través de un comunicado, integrantes y organizaciones defensoras del medio ambiente e integrantes del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, lamentaron los asesinatos en Michoacán de Homero Gómez González y de Raúl Hernández Romero, defensores de la mariposa monarca y del medio ambiente, quienes habían denunciado en diversas ocasiones, la tala ilegal de los bosques.
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En este sentido señalaron que el contexto y complejidad de las violencias contra personas defensoras ambientales en México ha puesto al país como uno de los más peligrosos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos.
Las personas defensoras del medio ambiente no solo enfrentan las consecuencias derivadas de la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades señalan, sino también de la presencia de grupos del crimen organizado que explotan los recursos naturales de su comunidad.
En estos casos apuntaron que uno de los problemas fundamentales es la persistencia de la impunidad y la falta de acción de las autoridades ante las denuncias, por ello es que la propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respecto a la creación de un cuerpo especializado de protección agravaría la situación debido a que no ahonda en los problemas estructurales que generan las políticas en relación a megaproyectos y que derivan en graves violaciones a derechos humanos.
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Dicha propuesta no está enfocada en generar mejores condiciones para la defensa de derechos humanos, sino que consolida la militarización de los territorios, privilegiando así un modelo de desarrollo que prioriza la sobre explotación del patrimonio natural y cultural, poniendo estos elementos por encima de los derechos humanos de las personas, como lo son el derecho a la tierra y al territorio, al agua y a un medio ambiente sano, entre otros, concluyeron las organizaciones.