Senado rechaza reclasificar el feminicidio del Código Penal

Senadores advirtieron que esta postura implica un retroceso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de violencia contra las mujeres.

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La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República manifestó su rechazo y preocupación ante la propuesta de la Fiscalía General de la República sobre la posibilidad de reclasificar el delito de feminicidio del Código Penal Federal.

En un comunicado, los integrantes de la Comisión reconocieron que la Cámara Alta no ha recibido ninguna propuesta formal, pero advirtieron que la FGR ya fijó una postura en el comunicado de prensa que emitió el pasado martes, donde sostiene que enfrentan una serie de condiciones que complican inútilmente la judicialización del feminicidio.

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Advirtieron que esta postura implica un retroceso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de violencia contra las mujeres, además de que la Fiscalía parte de un diagnóstico equivocado, ya que afirma que sólo 28 estados reconocen al feminicidio como delito, siendo realmente las 32 entidades del país.

Los senadores indicaron que la propuesta de la FGR busca considerar el asesinato de una mujer como homicidio calificado con agravante de feminicidio, lo cual ha sido rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que esto contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación.

Además, resaltaron que la postura de la Fiscalía contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia conocida como "Campo Algodonero", donde se afirma que los asesinatos de mujeres por razones de género deberán ser considerados como feminicidios.\u200b

Los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género afirmaron que la propuesta podría incurrir en la inconstitucionalidad y contravenir mandatos internacionales que establecen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

Destacaron que argumentar las dificultades que enfrentan las y los impartidores de justicia para calificar el delito, evidencia la enorme urgencia de seguir profesionalizando al sistema judicial mexicano en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres.