Organizaciones de defensa de derechos humanos, advirtieron que la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores podría aprobar el Plan de Persecución Penal (PPP) de la Fiscalía General de la República (FGR), el cual incumple con la ley y cuyo contenido no ha sido difundido.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la organización Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DHLEM), señalaron que la aprobación del documento podría realizarse este miércoles, el cual contiene la estrategia que seguirá el fiscal para investigar y perseguir los delitos del orden federal.
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El Plan enviado por el Fiscal General al Senado el pasado 20 de enero, documento cuyo contenido sigue sin revelarse por alguna de esas autoridades, contiene dos claros defectos: no cuenta con las recomendaciones públicas del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República; y en su elaboración no se garantizó la participación de ciudadanos, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles ni víctimas, apuntaron.
El argumento de la advertencia es que a la fecha, el Consejo Ciudadano \u2013un órgano especializado dentro de la Fiscalía General que busca la rendición de cuentas del fiscal y que tiene la facultad de opinar sobre el contenido del Plan de Persecución\u2013 no ha sido formalmente integrado, ni los consejeros han sido elegidos. Inclusive, fue hasta ayer que el Senado publicó la segunda convocatoria para ello.
Ademas señalaron que es deficiente el Plan de Persecución Penal enviado por el Fiscal Alejandro Gertz Manero pues, previo a su diseño, ese funcionario no publicó una metodología \u2013con los requisitos, plazos, condiciones\u2013 para que la ciudadanía participara en la elaboración de la estrategia.
Finalmente apuntaron que lo anterior se desprende del contenido de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobada en 2018 por una mayoría de diputados y senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Además, la Cámara de Senadores tiene conocimiento de tales deficiencias pues es parte demandada en el juicio de amparo seguido ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que las organizaciones firmantes han reclamado los efectos negativos de la falta de integración del Consejo Ciudadano.