El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República advirtió que, más allá de reducir el financiamiento de los partidos políticos, la ciudadanía exige que entreguen mejores resultados para resolver los problemas del país.
En un estudio titulado "El financiamiento público de los partidos políticos desde una perspectiva de derechos humanos", el IBD resaltó que, en caso de reducirse a la mitad el presupuesto de los partidos, se liberarían aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos.
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Señaló que esto representa tan solo una décima parte del presupuesto que requeriría el recién creado INSABI para garantizar los servicios médicos gratuitos a las personas sin seguridad social.
De acuerdo con el documento, en las democracias constitucionales, los partidos no sólo deben ser considerados como figuras de intermediación entre el Estado y la sociedad civil, sino como órganos garantes de derechos.
Indica, en este sentido, que el ejercicio de los recursos que se les otorgan debe someterse a estrictos controles democráticos de racionalidad, transparencia y rendición de cuentas, aunados a una verificación permanente y escrupulosa del cumplimiento de sus funciones.
No obstante, el estudio advierte que desaparecer por completo el financiamiento público a los partidos podría convertir a las elecciones en subastas de los cargos de elección popular, abriendo la puerta para la captura del Estado por parte de intereses privados.
Por otro lado, indica que valdría la pena incorporar criterios más cualitativos en este debate, como vincular el presupuesto de los partidos a las tasas de crecimiento económico del país, de reducción de la pobreza, de participación electoral o incluso de recaudación fiscal.