En un hecho inusual, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusieron ante la Suprema Corte de la Nación (SCJN) más de 60 acciones de inconstitucionalidad en contra de los decretos que autorizaron las leyes de ingresos de los municipios de Chihuahua.
Ambas instancias argumentaron que estos decretos violarían los principios de las libertades de reunión, expresión, los derechos de propiedad, identidad y no discriminación.
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La Consejería Jurídica promovió 60 acciones, una por cada ley de ingresos municipal, a las que se sumó la CNDH. La mayoría de medios de control constitucional impugnan la creación de una tasa adicional del 4 por ciento a los impuestos Predial y Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.
También se combate la adición del llamado Impuesto Universitario, que se cobrará mediante una sobretasa a los impuestos Predial y de Traslación.
A su vez, la CNDH calificó como inconstitucionales las normas de algunas de las leyes de ingresos municipales de cuatro ayuntamientos, que imponen una multa a quienes duerman en lugares públicos.