La organización ambientalista Greenpeace promovió un juicio de amparo para impugnar el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 18 leyes con las que se aprobó la desaparición de 109 fondos y fideicomisos, mismos que implicaban recursos por 68 mil millones de pesos.
Sin embargo, debido al esquema de contingencia que se aplica en los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México por la pandemia de la Covid-19, motivo por el cual se suspendieron los plazos y términos procesales; la juez Dinorah Hernández Jiménez, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, aún no admite a trámite la demanda de garantías.
Explicó que lo conducente a este asunto se determinará hasta que se restablezcan las labores jurisdiccionales de los Juzgados de Distrito en materia Administrativa, lo cual está programado para el 11 de enero del 2021.
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La juez Hernández Jiménez justificó su decisión al argumentar que "no se está en presencia de un acto que imponga una pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, palos o el tormento de cualquier especie", además de que tampoco está relacionado con alguna multa excesiva o que se haya ordenado la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
Agregó que el acto reclamado no ataca la libertad personal fuera de procedimiento de la parte quejosa, mucho menos se advierte que exista o se alegue incomunicación, deportación, expulsión, extradición, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas.