La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), hizo un llamado para que se inicien las denuncias correspondientes en contra de los responsables de violencia y abusos físicos y sexuales, trabajos forzados, trata, sometimiento y otros delitos contra personas con discapacidad albergadas en instituciones públicas y privadas en México.
Disability Rights International (DRI), presentó su informe "Crímenes de lesa humanidad. Décadas de violencia y abuso en las instituciones mexicanas para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad", en el que documenta asuntos tales como: violencia y abusos físicos y sexuales, trabajos forzados, trata.
También sometimiento, falta de consentimiento e información sobre tratamientos médicos, aislamiento, incomunicación con sus familias, esterilizaciones y abortos forzados, así como estancias prolongadas e injustificadas que ocurren a las personas con discapacidades de todas las edades.
Este informe es resultado de las visitas realizadas entre 2015 y 2020 a 55 instituciones públicas y privadas que asisten a personas con discapacidad como orfanatos, hospitales psiquiátricos, centros sociales y otros entornos institucionales en el país.
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Por lo anterior, la Asamblea Consultiva encabezada por Mariclaire Acosta Urquidi, hizo un llamado a la Secretaría de Salud, a la de Bienestar, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (SIPINNA) para que se investigue la dimensión de la violencia y abusos cometidos contra estas personas.
Además a qué se hagan las denuncias penales en la Fiscalía General de la República (FGR) y en las de los estados por los actos y omisiones de las autoridades y particulares; también la implementación de un sistema nacional de registro, regulación y monitoreo de las instituciones públicas, sociales y privadas, que incluya número y características de quienes allí residen, así como de los mecanismos adoptados para prevenir violaciones a derechos humanos y delitos al interior de aquellos.
Finalmente la Asamblea Consultiva expresó su solidaridad hacia las personas con discapacidad que experimentan una discriminación estructural que se ha utilizado para justificar abusos y violencia.Urge