La subcontratación ilegal se penalizará como defraudación fiscal, con hasta 13 años y medio de prisión; y cuando tres o más personas se organicen para incurrir en esas prácticas de manera reiterada o permanente, se les considerará parte de la delincuencia organizada, recalcó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero.
"Quien sea condenado por un delito calificado recibirá penas de hasta 13 años y medio de prisión, pero además, cuando estemos ante grupos de tres o mas personas que preparen y ejecuten estos esquemas de manera reiterada o permanente serán procesados por delincuencia organizada", advirtió.
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Ello, tras enfatizar que las sanciones descritas concuerdan con la reforma penal fiscal que entró en vigor en enero del presente año.
Al participar en la segunda ronda del parlamento abierto virtual para analizar la iniciativa del Ejecutivo Federal que restringe la subcontratación, organizado por diputados federales, el funcionario indicó que la Secretaría del Trabajo (STPS) tiene identificadas a las empresas que operan en esos términos y cuánto se pierde en recaudación, por esa causa.
"La Secretaría del Trabajo ha señalado que en México existen cerca de seis mil empresas de subcontratación abusiva o ilegal, que evaden el pago de impuestos por aproximadamente 21 mil millones de pesos al año. También informó que se tienen detectadas mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran 862 mil 489 trabajadores que se ven afectados en sus derechos laborales", planteó.
El procurador fiscal dijo que se han multiplicado los contribuyentes que han optado por el camino del engaño y la evasión en términos laborales.
Subcontratan a sus propios empleados para eludir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y acreditar el IVA de manera ilegal, aunado a que ponen en desventaja a quienes ofrecen servicios especializados a otras empresas, sin violar la ley.
Indicó que el mensaje a esos evasores es claro, la subcontratación ilícita será calificada cómo defraudación fiscal.
Al dar trato de delito calificado a la actividad en cuestión, significa que a los infractores también se les aplicará prisión preventiva, cuando haya involucrados montos de evasión superiores a 7.8 millones de pesos, abundó.
Al negar que se esté criminalizando la subcontratación, puntualizó que las empresas que han incurrido en prácticas irregulares, podrán corregir.
De otro modo, deberán atenderse a las consecuencias legales y penales a que haya a lugar.
Calificó como correcta la propuesta del Ejecutivo Federal, ya que se trata de defender derechos laborales y que todos los empleadores cumplan sus obligaciones fiscales.
En en encuentro, los representantes de organismos empresariales, el sector industrial, académicos, expertos y juristas, reiteraron las advertencias respecto a que la norma en estudio provocará una pérdida masiva de empleos e inhibirá la inversión en México, por ende, impactará de manera negativa en la competitividad y el crecimiento económicos.
Criminalizar la subcontratación es excesivo, indicaron, tras pedir nuevamente que la aplicación de las nuevas medidas, en caso de aprobarse en el Congreso, se lleve hasta 2022.
Ello, para dar paso a un período de transición en que las empresas puedan tomar previsiones, ordenar su operación y regularizar su situación fiscal.