La bancada del PRD en la Cámara de Diputados expresó su preocupación por la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de dejar hasta febrero de 2021, la presentación de los informes de fiscalización sobre las obras de infraestructura del Gobierno federal, como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía; y sobre los programas sociales.
La coordinadora de ese partido, Verónica Juárez advirtió que no dar a conocer puntualmente cómo se han utilizado los recursos públicos destinados a esos propósitos, abona al "manto de impunidad" y falta de transparencia que priva en torno a las acciones de la actual administración.
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"Resulta preocupante esta revisión del órgano de fiscalización no incluya los programas prioritarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o Becas Benito Juárez; ni las megaobras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía", refrendó.
Respecto a los datos presentados la semana anterior por el órgano fiscalizador, hizo notar que un gran número de observaciones por el uso irregular del gasto, se registraron en el área de salud.
Lamentó que en medio de la pandemia por coronavirus, se revele a través de las auditorías al gasto en el primer año de la actual administración, que la entrega de la gran mayoría de los contratos del Gobierno federal para adquirir bienes y servicios, hayan sido adjudicaciones directas, sin pasar por la licitación reglamentaria.
Recordó que según los informes individuales entregados por la Auditoría Superior, de los aproximadamente 25 mil 700 millones de pesos que habrían sido observados como parte de la Cuenta Pública 2019, el 80 por ciento corresponde a gasto en salud.
Apuntó que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), registró anomalías en el gasto por más de 9 mil 500 millones de pesos; el Seguro Popular no aclaró el uso de 8 mil 400 millones de pesos; y el Programa de Atención a la Salud de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, también registró inconsistencias en el gasto por más de 2 mil 600 millones de pesos.
Enfatizó que en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en 2019 registró pérdidas por al menos 40 mil millones de pesos, la "renegociación" de contratos otorgados en el marco de la reforma energética, tuvo un costo millonario para el país con más de seis mil 800 millones de pesos, lo que representaría un daño a la hacienda pública que merece sanción.