En 2019, el Programa de Reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, operó por completo de manera irregular.
No contó con estimaciones claras sobre el costo financiero para alcanzar resultados, no tuvo evaluación ni planeación de actividades, tampoco estableció metas ni indicadores para su cumplimiento, lo que derivó en la asignación "sin sustento" de recursos para dicha estrategia, encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al revisar la Cuenta Pública 2019, la primera del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el organismo fiscalizador detalló que originalmente, el Programa tuvo una asignación de 800 millones de pesos, pero en suma, gastó mil 230 millones 843 mil pesos.
Es decir, dispuso de 430 millones de pesos extra, 53 por ciento más de lo previsto.
Información relacionada: Más de 3 mmdp invertidos en la reconstrucción de Oaxaca: SEDATU
Ello, sin que las instancias responsables, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), justificaran con documentos y balances, tal aumento.
El Instituto indicó que esa diferencia tiene qué ver con "adecuaciones presupuestarias", las cuales no pudo justificar porque no presentó evidencia documental.
Tampoco se confirmó que el aumento presupuestal haya permitido cumplir la meta de atender a 736 planteles, ya que a final de 2019, reportó haber apoyado sólo a 296 escuelas, con un gasto de mil 170 millones de pesos.
Aunque gastó más, el INIFED no atendió a 440 planteles de los 736 que perfiló.
La SEP y el Instituto no proporcionaron información confiable sobre el número de escuelas atendidas, los montos erogados en ello y tampoco sobre las diferencias entre lo reportado al cuatro trimestre de 2019 y la Cuenta Pública de ese año en su conjunto.
No comprobó con documentos los recursos pagados ni los reintegros realizados.
De modo que en la reconstrucción de planteles afectados por sismos en 2017 y 2018, no hubo certeza sobre el uso y destino de los recursos aprobados.
Sobre el modo en que se usaron los recursos reportados por el INIFED, se gastaron 36 millones 431 mil pesos en pagos por "Servicios generales", en específico en asesorías para la operación del programa, servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y desarrollo de proyectos en los siete estados que presentaron solicitudes de acceso a recursos para la reconstrucción, es decir, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla.
Con la información incompleta e inconsistente, no se pudo comprobar que el dinero destinado a "Gastos de operación", equivalentes al 3 por ciento de los mil 230 millones erogados, se ejecutaran para el pago de asesorías y operación del programa referidos
En materia de resultados, la SEP y el INIFED no explicaron el incumplimiento de metas, y en los datos proporcionados, sólo hicieron referencia al avance en la atención de infraestructura educativa, en el 31 por ciento de los 296 planteles que debían recibir apoyo.
En consecuencia, la ASF pidió a la SEP y el INIFED, justificar y sustentar la diferencia entre los mil 170 millones pesos reportados, y los mil 230 millones de pesos registrados en la Cuenta Pública 2019.
También deben aclarar la diferencia en las metas inscritas en el Presupuesto de Egresos 2019, de mil 672 planteles, contra los 736 planteles avalados finalmente, y los 296 planteles que según sus propios informes, se lograron atender.
Recomendó a la SEP y al INIFED transparentar sus gastos, mejorar procesos de registro de información, de evaluación y cumplimiento de metas.
Los entes fiscalizados no comprobaron que la entrega de apoyo a escuelas afectadas por sismos, se haya llevado a cabo con eficacia, eficiencia, economía, control y rendición de cuentas, destacó la Auditoría.
En 2019, el INIFED no elaboró ningún documento de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, por lo que no hizo el estimado de costos para dar resultados, no hubo planeación ni evaluación de sus actividades, no fijó metas ni indicadores de cumplimiento específicos, lo que derivó en la asignación de recursos al programa, "sin sustento".
No tuvo información sobre las evaluaciones de seguridad en mil 272 planteles dañados por los sismos ni sobre el número de alumnos afectados.
Las consecuencias sociales de la operación inconsistente, irregular, sin rendición de cuentas y sin registros apropiados del Programa Nacional de Reconstrucción de escuelas, son la falta de confiabilidad en las acciones de las dependencias responsables; falta de certeza sobre el avance en la rehabilitación de la infraestructura educativa dañada por sismos; y el incumplimiento de los derechos de la población al acceso a la educación.
A raíz del estudio de todas las anomalías reportadas, la ASF emitió 22 recomendaciones al desempeño; así como dos oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de control y de las autoridades recaudatorias, por cinco irregularidades financieras detectadas.
Ante la serie de recomendaciones planteadas por el órgano fiscalizador, la SEP informó que consideraría la evaluación del diseño del Programa Nacional de Reconstrucción realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a fin de lograr que cumpla sus objetivos.