Tras lamentar la decisión de la Cámara de Diputados de eliminar el Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), manifestaron su preocupación.
Mediante un pronunciamiento, señalan que es preocupante que se elimine el fideicomiso sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos.
Alertaron que quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión en México enfrentan una situación de riesgo marcada por la violencia y las amenazas. De acuerdo con el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Unesco, México es el segundo país del mundo con un mayor número de periodistas asesinados, sólo detrás de Irak.
Información relacionada: Morena y aliados aprueban en lo particular, extinción de fideicomisos
"Durante los años 2019 y 2020, México concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la Unesco en dicho periodo. En 2019, la ONU-DH documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores; mientras que en lo que va del año la ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos", expusieron.
Recordaron que México ha recibido al menos 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos e instancias de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, relacionadas con la situación del ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.
Tras las manifestar las anteriores consideraciones, los organismos de derechos humanos piden al Senado de la República valorar y prevenir posibles consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de los derechos humanos.