El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez, señaló que las reformas aprobadas por el Congreso, que aumentan los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, atentan contra el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia.
El Centro Pro aseguró que la prisión preventiva oficiosa impide evaluar y justificar caso por caso las medidas cautelares adecuadas para garantizar el buen curso de la investigación sin ser excesivas.
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Además consideró que esta medida viola las obligaciones internacionales del Estado como la Convención Americana de Derechos Humanos y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de las Mujeres de Atenco.
Esta sentencia señaló que la prisión preventiva para no ser arbitraria debe ser la más idónea, acreditar que no existe medida menos severa para el caso y ser proporcional.