Al presentar los avances en la implementación del nuevo modelo laboral ante representantes de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México A.C., la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde aseguró que "la vacuna" para terminar con la extorsión a los empresarios por parte de sindicatos es la constancia de representatividad.
La funcionaria explicó que toda organización sindical que pretenda firmar un contrato colectivo deberá contar la constancia de representatividad, la cual se otorga cuando al menos el 30 por ciento de los trabajadores los reconoce como su representante.
*Información relacionada: Diez estados albergan el 35% de los expedientes laborales del país: STPS
"No va a poder llegar un sindicato extorsionador, como lo hacen hoy, a solicitarle una firma de un contrato colectivo porque ese sindicato, antes de solicitarlo tuvo que ir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para obtener una constancia de representatividad", expuso.
Aclaró que la constancia de representatividad es para los nuevos contratos colectivos, mientras que para los firmados anteriormente, tienen que pasar su legitimación, es decir, por un procedimiento de consulta a los trabajadores para saber si están de acuerdo o no en el contenido del mismo.
La responsable de la política laboral precisó que en caso de que los trabajadores no aprueben el contenido del contrato colectivo, mediante su voto personal, libre, directo y secreto éste dejaría de surtir efecto y la empresa pasaría a tener contratos individuales con todos los trabajadores en sus empresas.
En tanto, agregó, si la mayoría de sus trabajadores están de acuerdo con el contrato colectivo, éste se mantiene y se tiene por legitimado.
Alcalde Luján recordó que actualmente alrededor del 85% de los contratos colectivos en México son de protección debido a que cualquiera que tuviera un registro sindical podía solicitar a los empresarios la firma del contrato y emplazar a huelga.
De acuerdo con la STPS, el plazo para que los sindicatos legitimen sus contratos colectivos vence el 1 de mayo de 2023 y en caso de que los sindicatos no realicen la legitimación de contrato colectivo, tiene las mismas consecuencias que si los trabajadores hubiesen votado en contra.