La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional condena enérgicamente la toma violenta del Congreso del Estado de Quintana Roo y la ruptura de la legalidad en la instalación de la nueva legislatura.
En un hecho sin precedentes en la democracia mexicana, una fuerza política ha protagonizado, a través de actos violentos, lo que no admite otro calificativo más que el de un golpe al orden constitucional estatal y nacional, mostrando una vez más su desdén a la legalidad y la soberbia de la impunidad de su actuar.
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Deben entender que los intereses parciales o de grupo nunca pueden estar por encima de la ley. Es inadmisible que se violenten a las instituciones y los procedimientos legales con el único propósito de apropiarse de espacios de poder, sobre todo por aquellos que juraron defender el orden jurídico y trabajar en traducir los acuerdos sociales en normas que regulen la armonía y el desarrollo individual y colectivo.
La estabilidad de la democracia mexicana y la vitalidad del federalismo dependen de que el pluralismo se exprese en el marco de entendimientos compartidos. Esos marcos no son otros que la ley vigente y el respeto a las distintas expresiones políticas que se recrean en el país.
Hacemos un llamado a los líderes nacionales de los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo para que intervengan e impidan que se sigan suscitando los excesos y atropellos protagonizados por sus representantes en el Congreso del Estado de Quintana Roo, manipulados por intereses ajenos. Este tipo de precedentes vulneran el pacto básico de civilidad política y desprecia el voto que los respalda y su representación en el estado.
Los Gobernadores de Acción Nacional expresamos nuestra solidaridad al Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y a las fuerzas políticas quintanarroenses que siguen luchando porque nunca regrese a su entidad federativa el imperio de la impunidad, la corrupción y del cinismo político. Ratificamos nuestra disposición al entendimiento socialmente útil con todas las fuerzas políticas del país, pero con base en la razón de la ley y nunca por la sinrazón de la violencia política.