La iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, para despenalizar el aborto antes de las primeras 12 semanas de gestación, reconocer el derecho a la autonomía reproductiva y establecer las condiciones en que una mujer podrá acceder a la suspensión del embarazo de manera libre, segura y gratuita, con apoyo de los servicios de salud del Estado, está lista.
El proyecto podría presentarse a aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados durante la tercera semana del mes de octubre, plantearon diputadas federales.
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La propuesta se inscribirá formalmente este lunes 30 de septiembre, para que la Junta de Coordinación y la Mesa Directiva determinen su turno a comisiones, añadieron.
Durante el foro sobre Progresividad de derechos reproductivos, que cerró al grito de "¡aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!" por parte de las invitadas, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Nadine Gasman, llamó a autoridades en los tres órdenes de gobierno y congresistas a nivel federal y local a no poner frenos al avance de las leyes que garantizarán a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.
La funcionaria añadió que el Estado laico también está obligado a garantizar la libre decisión de las mujeres sobre su sexualidad y autonomía reproductiva.
"Por lo que hago un llamado para que cada cual, desde su trinchera, no frene el avance que fortalecerá el marco jurídico de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva. El Estado mexicano como Estado laico tiene la obligación y sobre todo el compromiso para que los derechos sexuales y reproductivos se ejerzan con libertad y sin discriminación", planteó Gasman Zylbermann.
En ese marco, las presidentas de las comisiones legislativas de Igualdad de Género, Wendy Briceño; de Salud, Miroslava Sáchez; así como las integrantes de esas instancias, Sandra Paola González y Rocío Villarauz, plantearon los detalles de la iniciativa elaborada a partir de la propuesta presentada en octubre de 2018 por el entonces presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo.
El documento establece que la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación no será considerada como "aborto" en la ley.
Después de ese plazo se establecerán penas por no más de seis meses de prisión, así como la obligación de realizar trabajo por la comunidad, añade.
El texto de la iniciativa fue enriquecido con el contenido de otras iniciativas y las aportaciones presentadas durante foros realizados en distintos puntos del país, especificaron.
"Aborto es la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación. Artículo 330, al que hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento se le aplicarán de tres a seis años; y si mediare violencia física o moral, se impondrán de seis a ocho años de prisión. Artículo 331, al personal médico que causare un aborto sin consentimiento de la mujer, además de las sanciones que le corresponden conforme al artículo anterior, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión", dirá el Código Penal Federal, explicó la diputada González Castañeda.
"Se impondrán de tres a seis meses de prisión o de cien a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro la haga abortar después de las 12 semanas de embarazo, en este caso el delito de aborto solo se sancionará cuando se haya consumado. La misma pena se le impondrá a quien hiciere abortar a una mujer después de las 12 semanas de embarazo, con el consentimiento de esta", abundó.
Cada institución de salud en el país deberá garantizar que en sus instalaciones al menos una persona realizará esos procedimientos, ello, con el fin de que la objeción de conciencia no sea un obstáculo, detallaron.
Asimismo, la Secretaría de Salud garantizará que haya personal suficiente para brindar consejería médica y legal a las mujeres que soliciten el servicio de interrupción legal del embarazo, dijeron.
La iniciativa pugnará por el derecho a la libre autodeterminación de la mujer sobre su cuerpo y en materia reproductiva, cumple las recomendaciones de organismos internacionales, elimina los castigos a mujeres que se sometan a aborto y promueve la suspensión del personal médico que obligue a mujeres a abortar, remarcaron.
Aclararon que la propuesta no promueve el aborto ni la utilización de ese procedimiento como método anticonceptivo, ya que el objetivo es reconocer la capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre la maternidad y que el Estado cumpla la obligación de brindar atención en caso necesario.
Agregaron que a más de 10 años de la aprobación de la despenalización del aborto en el anterior Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se han registrado más de 100 mil interrupciones legales del embarazo, mil de ellas a través de medicamentos y ningún procedimiento terminó en el fallecimiento de la mujer.
Refirieron que en el país, se realizan aproximadamente un millón de interrupciones del embarazo cada año; y de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se tienen registradas 16 mil denuncias por violación sexual.
Datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican que a diario en México, 32 menores de edad dan a luz, lo que representa un total de 11 mil 808 niñas de entre 10 y 14 edad que, cada año resultan embarazadas por violencia sexual o por falta de compromiso de las instituciones de salud en materia de interrupción del embarazo.