El caso de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa sigue siendo el más emblemático de la crisis de desapariciones en México al cumplirse este jueves cinco años de los hechos sin que exista certeza sobre el destino de los jóvenes, mientras los padres esperan respuestas del nuevo Gobierno.
La desaparición de los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero, marcó el inicio de la debacle de popularidad del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante cuyo mandato se enunció la “verdad histórica” del caso, una versión oficial rechazada por organismos y familiares de víctimas.
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¿QUÉ PASÓ EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014?
Estudiantes de Ayotzinapa, una escuela para formar maestros rurales con historial de activismo de izquierda, viajaban en autobuses a Iguala, Guerrero.
Según han dicho sus compañeros, pretendían reunir fondos para trasladarse a Ciudad de México y participar en la conmemoración de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.
Los autobuses fueron interceptados y atacados por policías municipales de Iguala, que mataron a tres de los estudiantes y detuvieron a 43.
Los agentes también atacaron otro autobús en que viajaban miembros del equipo local de fútbol Avispones, presuntamente por creer que era uno de los vehículos de los estudiantes. En este suceso murieron otras tres personas.
De acuerdo con la versión oficial, a la que el entonces procurador (fiscal) de México, Jesús Murillo, calificó en enero de 2015 de “verdad histórica”, los agentes entregaron los estudiantes detenidos a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un vertedero de basura, confundiéndolos por miembros de un cártel rival.
Supuestamente los policías creían que los estudiantes se dirigían a Iguala a interrumpir un mitin de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.)
Pineda y Abarca huyeron de Iguala y fueron detenidos posteriormente en Ciudad de México. Actualmente están sujetos a proceso por presuntos lazos con Guerreros Unidos.
¿POR QUÉ HA SIDO CUESTIONADA LA VERSIÓN OFICIAL?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en consenso con el Gobierno y los familiares de las víctimas, creó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que asistió a las autoridades en la investigación del caso.
En sus conclusiones, presentadas a finales de 2015, el GIEI sostuvo que era imposible que 43 cuerpos fueran incinerados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
Asimismo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que participó en las pesquisas por solicitud de los familiares, concluyó en febrero de 2016 que no hay “evidencia biológica ni no biológica” rescatada del basurero que pruebe un fuego de la magnitud y la duración requeridas para la “incineración en masa” de 43 cuerpos.
Adicionalmente, un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del 2016 aportó datos que implicarían a policías municipales de otra localidad de la región, sembrando más dudas en la versión oficial.
¿QUÉ DEMANDAN LOS FAMILIARES?
Apoyados por esos reportes, los familiares mantienen sus movilizaciones en demanda de verdad y justicia, hasta dar con el paradero de sus hijos.
Una de las consignas más repetidas por los padres y familiares de los 43 estudiantes en estos años, y tras realizar algún tipo de protesta el 26 de cada mes, ha sido: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
En especial, los familiares piden que se investigue el posible papel del Ejército y la Policía Federal en la desaparición de los estudiantes.
En marzo pasado, organizaciones de derechos humanos insistieron de nuevo en la necesidad de investigar el papel de militares en los hechos, al salir a la luz vídeos en los que se muestran imágenes de una presunta relación entre una de las víctimas y oficiales del Ejército.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL CASO EN EL ACTUAL GOBIERNO?
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, iniciado en diciembre de 2018, ha reabierto el caso y establecido una comisión especial. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) creó una unidad especial sobre el tema.
El pasado 11 de septiembre, López Obrador se comprometió con los padres a que el Ejército revele toda la información disponible del caso.
Este 25 de septiembre, los familiares volvieron a exigir a la FGR acelerar la investigación del caso para castigar a los exfuncionarios que resulten responsables de encubrir o entorpecer la investigación sobre el paradero de sus hijos.
Los familiares también lamentaron que en días recientes las autoridades liberaron a 24 expolicías municipales presuntamente implicados, días después de la absolución de Gildardo López, alias “el Gil”, uno de los principales acusados y presunto miembro de Guerreros Unidos, por falta de pruebas.
Con esas liberaciones ya han sido excarcelados 77 de los 142 acusados en el caso Ayotzinapa, en tanto otros 65 continúan en prisión. Estos últimos sucesos han generado indignación y prueba las fallas del sistema judicial mexicano.