Alrededor de 100 mil servidores públicos de la Ciudad de México relacionados con el ámbito de la seguridad, así como personas sentenciadas e imputadas formarán parte de la base de datos de los cinco bancos de ADN, cuya finalidad será combatir con mayor precisión la impunidad en delitos de índole sexual, feminicidio y secuestro.
Néstor Vargas, asesor jurídico de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que el proyecto de ley por la que se crea el banco de ADN para uso forense, fue presentado el lunes pasado ante el Congreso de la Ciudad de México y tiene como eje rector el rigor de la ciencia criminalística.
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En entrevista con MVS Noticias, indicó que de ser aprobada, comenzaría la toma de muestras por parte de los servicios periciales de la Procuraduría de Justicia capitalina y el proceso concluiría a finales del año 2022.
Detalló la conformación de las cinco bases de datos que contendrán un amplio universo de perfiles genéticos que serán de suma utilidad para al autoridad en la persecución de los delitos.
"La primera base de datos va a contener huellas, evidencias e indicios; todas las bases de datos van a ser recabadas por la procuraduría de justicia de la Ciudad de México y también está primera base de datos contendrá información genética de detenidos, indiciados e imputados.
"En la segunda base de datos en la que la autoridad tendrá la obligación de tomarla por parte de los sentenciados para abatir la impunidad.
"Hay una tercera base de datos que la constituyen todos los servidores públicos del gabinete de seguridad incluida la jefa de gobierno", precisó.
En esta se contemplan todas las corporaciones policiacas tanto de la SSC, PGJ y del Sistema Penitenciario.
Néstor Vargas explicó que en el caso de los imputados y sentenciados, el Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla que de no aceptar voluntariamente a la práctica, se podrá recurrir a la figura de control judicial, aunque una muestra de salina o un cabello sería suficiente para la elaboración del perfil genético.
Una cuarta base es de víctimas de los citados delitos, lo cual sería de manera voluntaria y la quinta estaría conformada por todo el personal de las empresas de seguridad privada.
Señaló en caso de ser aprobada dicha ley, se abatiría de forma eficaz la impunidad que en la actualidad de casi el 93 por ciento.
"Consideramos que puede ayudar mucho particularmente porque ya ha sido probado como una herramienta de la ciencia criminalística en otros países, por ejemplo en Europa en otros países, como Argentina, Brasil, Uruguay ya han implementado estos bancos a de datos y han funcionado exitosamente es un intento por combatir la impunidad en virtud de que luego no existen medios de prueba eficientes", afirmó.
Añadió que la iniciativa fue recibida con buen ánimo ya que es un esfuerzo que incorpora la disciplina y el rigor científico para la impartición de justicia.
@amarilloalarcon