La reforma electoral que se analiza en la Cámara de Diputados debe ser un cambio profundo, no superficial ni improvisado; aunado a que debe de tomar en cuenta la opinión de todos los actores involucrados, planteó la presidenta de la Comisión de Gobernación de San Lázaro, Rocío Barrera.
Al inaugurar el foro regional temático, correspondiente a la Cuidad de México, la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) subrayó que los cambios en la materia necesariamente deben pasar por las por el fortalecimiento de las instituciones electorales y no por su debilitamiento.
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"Que las reformas que impulsemos sean profundas, especializadas y no improvisadas y que se garantice a la ciudadanía el derecho a incidir en los asuntos públicos. Nuestras leyes ya no se construyen marginando a sus destinatarios ni haciendo oídos sordos a los reclamos sociales", abundó.
Barrera Badillo también se pronunció a favor de fortalecer las instituciones electorales, y aunque en algunos casos y áreas su funcionamiento debe adecuarse, han sido garantes de procesos democráticos.
"No se busca legitimar decisiones preconcebidas, como quizá ha ocurrido en otros espacios similares. Lo que pretendemos es perfeccionar nuestro entramado electoral, por ello creo que nuestro centro de gravedad debe ser el fortalecimiento institucional", planteó.
Enfatizó que la reforma electoral en diseño no se debe restringir al costo económico de los comicios, sino abarcar una serie de vertientes que van desde el funcionamiento de los organismos electorales, la integración de sus órganos de dirección y gobierno, los mecanismos de coordinación con la federación y los estados.
Tiene que contemplar, expresó, asuntos como el voto electrónico, el voto en el exterior, delitos electorales, equidad de género en las elecciones, regular debidamente y prohibir la propaganda personalizada de funcionarios públicos, así como abrir el debate a todos los actores involucrados.
Otros temas por tratar serán el financiamiento a partidos políticos, topes para aportaciones de militantes, fiscalización de ingresos y egresos de los candidatos, la violencia política de género, abundó.