Organizaciones dedicadas a la seguridad advirtieron que los índices de violencia y los delitos de alto impacto van a continuar en ascenso porque la actual administración desmanteló a las instituciones que estaban dedicadas al combate de la inseguridad, como la Policía Federal, y no se permite profesionalizar a los cuerpos policíacos estatales y municipales.
En el foro convocado por la organización perredista Futuro 21, Ricardo Pascoe, indicó que en estos momentos no existe un cuerpo policíaco ni plataforma México que esté actuando contra los delincuentes y el crimen organizado, si bien, reconoció que hay miles de elementos de la Guardia Nacional desplegados ellos no están preparados para actuar.
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"Hemos perdido años y años de acumulación de información sobre las actividades y zonas de actuación del crimen organizado en nuestro país, es decir, es un retroceso histórico de proporciones monumentales que viene a explicar en una medida importante porque están creciendo de forma alarmante los índices delictivos"
Por su parte, José Antonio Polo, director de Causa en Común, sentenció que no habrá militares que alcancen para dar seguridad a los mexicanos, sino se apuesta a profesionalizar a los policías, porque de 32 corporaciones estatales 17 no tienen catálogo de funciones, 11 no dan armas a sus elementos, 24 corporaciones tienen mandos sin bachillerato y en el caso de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato y Yucatán no tienen un lugar para practicar tiro.
"No va haber corporación nacional, federal, ni mucho menos militar que alcance atender este problema de inseguridad que tenemos y que les acabo de decir sino atendemos el problema de las policías locales, no van a existir ni soldados ni guardias que alcancen sino atendemos el colapso de las policías locales".
Las organizaciones destacaron que este año podría cerrar con un millón 900 mil carpetas de investigación y con más de 33 mil homicidios intencionales, de los cuales 280 son policías, dichas estadísticas nunca se habían registrado en el país, y se debe sumar la cifra negra de los delitos que no se denuncian, que en casos como la extorsión ascienden a un 98 por ciento.