Para hacer frente a los juicios de amparo que se promovieron contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucia, el Ejecutivo federal decidió invocar "el interés nacional" y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para ello, la Sedena solicitó al juez Juan Carlos Guzmán Rosas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa, revocar la suspensión definitiva que le concedió al colectivo #NoMasDerroches.
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La dependencia argumentó que la terminal aérea se encuentra integrada como Instalación Estratégica y agregó que la suspensión definitiva pone en "peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional".
Agregó que dicha medida también pone en riesgo la "protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República" al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.
En respuesta, el colectivo señaló que lo único que suspendió el Poder Judicial fue la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que se resuelva en definitiva el juicio.
Mencionó que la suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público y agregó que en todo caso, el proyecto no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica.
Puntualizó que de revocarse dicha suspensión, se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.
Ante ello, el colectivo NoMásDerroches aseveró que el Poder Judicial de la Federación tiene la indelegable función de proteger a los mexicanos en contra de cualquier abuso por parte de las autoridades; por ello, confió en que el juez Guzmán Rosas resolverá con imparcialidad, conforme a derecho y teniendo en cuenta, en todo momento, el bien común y los derechos de todos los mexicanos.