La iniciativa de Ley de Amnistía presentada por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, será sometida a discusión en Parlamento Abierto para que se apruebe un ordenamiento jurídico acorde a las necesidades del país y se garantice que los beneficiarios sean quienes han sido castigados por delitos de los que no son responsables y no quienes hayan cometido daño a la sociedad o contra la salud.
Lo anterior fue dado a conocer por la diputada Rocío Barrera, Presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, quien sostuvo un encuentro con la Secretaria de Gobernación (Segob) Olga Sánchez Cordero, quien le pidió hacer una revisión puntual del tema "sin atropellos" y buscando consensos con los diferentes grupos parlamentarios por considerar que es un asunto prioritario.
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En este encuentro también estuvieron presentes Miroslava Carrillo, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Aleida Alaves, Coordinadora de Morena en temas de gobierno.
La legisladora Rocío Barrera apuntó que en este Parlamento abierto estarán incluidos las Fiscalías de los estados, sociedad civil, especialistas, académicos y la Segob, ya que entre otros puntos deberán analizar a detalle quiénes serán beneficiarios de esta ley en caso de aprobarse.
Las diputadas señalaron que la iniciativa enviada por el Presidente fue turnada este miércoles a la Comisión legislativa para su análisis y no se descarta que pudiera ser aprobada antes del 15 de diciembre, es decir, antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones de la Cámara.
Aleida Alaves, Coordinadora de Morena en temas de gobierno, explicó que esta iniciativa fue presentada por el Presidente de la República en el marco de la presentación del Programa de Seguridad y Paz y con esta propuesta, dijo, se busca contribuir a pacificar el país al liberar a mujeres, jóvenes y a indígenas cuyos procesos judiciales fueron realizados en condiciones incluso irregulares.
Las diputadas apuntaron que esta iniciativa de Ley es viable aunque todavía se tiene que hacer la revisión sobre delitos y beneficiarios.