La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó la importancia de generar política pública y legislación para consolidar la cultura empresarial de respeto a los derechos humanos, y propuso que en las contrataciones públicas se incorpore la cláusula obligacional para dicho efecto.
Así lo dio a conocer el Segundo Visitador General de la CNDH, Enrique Guadarrama López, al participar en la Cuarta Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile, donde presentó la Recomendación General 37/2019 "Sobre el respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas".
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En su intervención en la mesa "Contratación Pública y Derechos Humanos", subrayó que la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos humanos va más allá del compromiso social empresarial y no debe estar sujeta a la buena voluntad y conciencia del sector económico.
Apuntó que el trinomio ganancia económica—riesgo empresarial—observancia de derechos humanos es compatible y no representa obstáculo alguno para el sano ejercicio económico de las empresas.
Para ello, dijo, deben establecerse los parámetros de respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades públicas y privadas, con base en los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, principalmente los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Respecto de la Recomendación General 37/2019, Guadarrama López destacó que, como resultado de su investigación, la CNDH observó que las autoridades han incumplido su obligación de supervisar las actividades empresariales y sancionar a las empresas que generan daños sobre los trabajadores, usuarios, consumidores y comunidad, o han emitido permisos y licencias de forma irregular, y consentido el desarrollo de proyectos a gran escala u operaciones empresariales que generan violaciones a los derechos humanos al medio ambiente y recursos naturales, a la propiedad, acceso a servicios públicos y a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas.
Añadió que, al interior de las empresas, sobre todo en la agroindustria, minería e hidrocarburos, existen condiciones irregulares en contrataciones y salario del personal.
Además, centros de trabajo que no cumplen con las condiciones de seguridad e higiene, trata de personas y trabajo infantil, en tanto que al exterior, principalmente en servicios públicos, construcción, energía, turismo, entretenimiento e hidrocarburos, existen transgresiones contra personas migrantes, con discapacidad y privadas de la libertad, y contra pueblos y comunidades indígenas.
La Cuarta Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe fue organizada por la Oficina para América del Sur y el Caribe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, con apoyo de la OIT y la OCDE.