La mayoría en el Congreso busca aprobar de manera exprés las reformas que penalizan la emisión, compra y uso de facturas apócrifas, así como a las empresas fantasma, y los contribuyentes y consorcios que las entreguen al pagar impuestos, alertó el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Antonio Ortega.
El problema con esa decisión, indicó, no está en el combate a la evasión fiscal y a la emisión de facturas apócrifas, sino en que las iniciativas están mal diseñadas y violentarán el principio de presunción de inocencia de los contribuyentes que en el cumplimiento de obligaciones, pudieran entregar facturas emitidas por empresas irregulares, advirtió el legislador el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
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"Esta reforma castigará no solo a la empresa fantasma que emite la factura apócrifa, a la empresa que simula actividades económicas, sino que también castigará al ciudadano o empresa que recibe estas facturas y con ellas demuestra su contabilidad", sentenció.
"Con esta reforma daña el principio básico de la Constitución de la presunción de inocencia. Ningún mexicano puede ser culpable si antes no se demuestra su responsabilidad. Es el Ministerio Público, es el gobierno el que tiene la responsabilidad de presentar las pruebas que puedan significar la responsabilidad", abundó.
Puntualizó que las propuestas enviadas por el Ejecutivo, contemplan castigar con prisión de hasta ocho años, a quien emita, venda, compre y utilice facturas ilegales.
El legislador subrayó que el daño a la hacienda pública generado por la facturación falsa y la existencia de empresas fantasmas, es millonario, y se estima supera los 350 mil millones de pesos cada año.
Adecuar las leyes para enfrentar ese flagelo es urgente, pero con el acostumbrado apresuramiento y mal diseño de las reformas impulsadas por el Ejecutivo Federal, como ha ocurrido con otros ordenamientos, se violarán derechos de los ciudadanos y se dará pie a la presentación de amparos.
La falta de cuidado jurídico y de sensibilidad en el gobierno y su mayoría en el Congreso, lamentó, derivará en el castigo a contribuyentes que en el afán de cumplir obligaciones fiscales, pudieran ser engañados por empresas irregulares.
Pretender que el empresario, el contador, los empleados y ciudadanos en general demuestren que la empresa proveedora de servicios es real, que sus facturas son legales y que haga la tarea que corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Hacienda (SHCP), será una "guadaña" que pondrá en la cárcel "a muchos inocentes". "Quien acusa, tiene que probar", enfatizó.
Insistió en que el nuevo "despropósito legal" al que pidió "oponerse firmemente", ocasionará "caudales de amparos" y recursos que muy probablemente sean resueltos a favor por el Poder Judicial.
Se evitaría criminalizar al contribuyente y al mismo tiempo, atacar la evasión de impuestos, si se legislara con mayor cuidado y sin dar "machetazos" legales, remarcó.