La plataforma de organizaciones sociales y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), "Futuro 21", convocó a expertos y al ex candidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, para analizar la llamada "Ley Bonilla", que amplió de dos a cinco el periodo del gobernador electo, Jaime Bonilla.
En ese marco, Martínez Veloz refrendó que el motivo real para promover esa reforma, que podría establecer un precedente para que extranjeros asuman espacios de gobierno en el país o ampliar los mandatos de otros gobernantes, son los negocios y compromisos de Bonilla con Estados Unidos en materia de agua.
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Para lo cual, se impulsa con el respaldo del gobernador saliente, Francisco Vega, mejor conocido como "Kiko" Verga, la construcción de una planta desalinizadora en Rosarito, proyecto que cuya promoción inició en años anteriores, desde el 2004, apuntó.
Ello, subrayó, confirma que la decisión de ampliar el mandato en el estado, tuvo el visto bueno y el apoyo del gobernador de extracción panista.
Fue "una campaña de estado al cubo", aseveró.
Acompañado por la activista María Elena Morera, presidenta de la asociación Causa en Común; y la especialista en derecho Rosa María Cano, el ex abanderado del PRD a la gubernatura, recalcó que el interés del gobernador electo, postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia", no es el desarrollo de la entidad, sino los negocios con el agua.
Al hacer una relatoría sobre las irregularidades que involucran al ganador de la contienda en Baja California, que incluyen su nacionalidad, el incumplimiento del requisito de residencia para ocupar el cargo de gobernador y su carrera política paralela en el condado de Otay, en el estado norteamericano de California, Martínez Veloz dijo que el señalado no podría ser gobernador por cinco años, por dos años "ni por dos minutos".
Anticipó que los recursos promovidos a nivel local contra la ampliación del periodo gubernamental no prosperarán, por lo que se espera un análisis a fondo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El tema debe trascender las fronteras del estado, y los ministros de la Corte tendrán en sus manos una decisión que los "marcará" a futuro, ya que de ellos dependerá establecer un precedente de legalidad o uno de impunidad, que podría dar paso a la ampliación ilegal de otros mandatos en México.
Señaló que entre otras anomalías denunciadas están las del pago de 200 mil dólares a los diputados locales que aprobaron la reforma constitucional señalada, de 300 mil dólares a los coordinadores parlamentarios y de 400 mil dólares al presidente del Congreso estatal.
Subrayó que esa información se afianza, en tanto no ha sido desmentida por ninguno de los acusados, aunado a que se ha pedido al hotel donde se llevó acabo el pago, proporcione las grabaciones de sus cámaras de seguridad, para corroborar al cien por ciento los hechos.
En su intervención, la especialista Rosa María Cano indicó que entre las alternativas para revertir la situación, están las acciones de inconstitucionalidad que los partidos políticos han anunciado, presentarán.
También están las controversias constitucionales como las planteadas por dos ayuntamientos de Baja California, y que también podrían ser promovidas por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en caso de que tengan ese compromiso.
Asimismo, recalcó, los ciudadanos podrían presentar juicios de protección a los derechos político-electorales, en cuanto entre en vigor la llamada "Ley Bonilla", y finalmente, los ciudadanos podrían presentar juicios de amparo.
A su vez, María Elena Morera, quien compartió las "sospechas" de que la ampliación de mandato en Baja California salió adelante con la complacencia del gobernador Vega Lamadrid, indicó que aún no se sabe si la situación en ese estado, está siendo utilizada como una prueba, en el caso de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiera "perpetuarse" con una ampliación federal de mandato. La ley dice que no, remarcó.
Finalmente, dejaron en claro que antes de pensar en acudir a instancias internacionales, hay que agotar todas las vías de impugnación en México.