La Procuraduría de Justicia Capitalina investiga al ex titular de la institución, Edmundo Garrido Osorio, por la “modificación” de la incidencia delictiva de alto impacto en 2018, así como a 106 servidores públicos y ex funcionarios que conformaban la Dirección general de Política y Estadística Criminal, incluido César Martínez Jasso, quien se desempeñaba como director de dicha área en el mandato de José Ramón Amieva, ex jefe de Gobierno.
Las investigaciones demostraron que en ese periodo se manipuló la estadística criminal que derivó en una verificación del Centro Nacional de Investigación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuya auditoria se detectaron graves irregularidades en el manejo de los índices delictivos.
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Autoridades de la institución mencionaron que los resultados de dicha auditoría en la que participó como testigo personal especializado de la ONU, se integraron la Carpeta de Investigación por lo que en breve serán citados a declarar los involucrados, incluido el ex procurador Garrido Osorio.
Del análisis practicado se detectó que los delitos de alto impacto pasaron de 32 mil 506 a 56 mil 532, lo que implicó la inclusión de 24 mil 026 delitos incluido el ilícito de secuestro.
Los registros de delitos del fuero común pasaron de 234 mil 674 a 241 mil 030 con un incremento de 2.7 por ciento.
Derivado de esta revisión, se encontró que en 2018 no se registraron 145 homicidios; 15 180 robos a transeúnte; 715 violaciones; 245 secuestros y mil 559 robos a negocios con violencia.
Las Carpetas de Investigación aumentaron 11.5 por ciento en materia de homicidio doloso; 19.5 por ciento en robo de vehículo con violencia; 1.5 por ciento el lesiones por arma de fuego; 407.3 por ciento de incremento en robo a pasajero en el Metro; 104.8 por ciento en violaciones y 51.3 por ciento en robo a negocio con violencia y 9.9 en robo a cuentahabiente, entre otros.
Las fuentes consultadas mencionaron que el SESNSP obtuvo las evidencias de la manipulación a las estadísticas generales de la Procuraduría en el 2018 por lo que esta en condiciones de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos cometidos por servidores públicos relacionados al ejercicio indebido del servicio público.
Sin embargo, dicho ilícito no está considerado en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa por lo que de judicializarse ambas carpetas de Investigación, los implicados no pisarán la cárcel.
En ese sentido, la investigación demostró que la modificación de las cifras no implicó el cambio de investigación en los delitos, es decir, el origen de los ilícitos se investigó como tal, pero en el registro estadístico se registraron las modificaciones para "maquillaje de cifras".
La razón para efectuar estos movimientos fue con la intención de reflejar públicamente una disminución en la incidencia delictiva, en un año electoral en el que se eligió no sólo al presidente de la República, sino al nuevo titular de la Jefatura del Gobierno, alcaldías y a los legisladores del congreso Capitalino.