La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Procuraduría Agraria firmaron un Convenio de Colaboración para el Desarrollo Rural Sustentable, cuyo objetivo es que ejidatarios, mujeres, jóvenes e indígenas trabajadores de la tierra sean reconocidos como sujetos con derecho agrario y con acceso a proyectos productivos y programas sociales.
En el evento, realizado en la sede de la Secretaría, el titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que "este acuerdo los compromete a trabajar de forma coordinada para fortalecer la atención en la seguridad jurídica de la sociedad rural, en la visión de mejorar la vida de las comunidades agrarias, a través de una mayor sinergia interinstitucional".
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Acompañado por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, Villalobos Arámbula afirmó que más de 50 por ciento del territorio nacional está constituido en ejidos, con alrededor de 32 mil en el país.
Precisó que el objetivo central de esta iniciativa del Gobierno de México es la aplicación de justicia y responsabilidad social, en la atención de 5.6 millones de ejidatarios que no han tenido acceso a programas y beneficios, y de esta manera resarcir la deuda con los más necesitados en el sector rural.
"De una forma ordenada atenderemos esta situación para mejorar su capacidad productiva y sus ingresos, a fin de incidir en una mejor calidad de vida, por lo que hay mucho por hacer y espacio qué recorrer para, de una forma interinstitucional, cumplir con este cometido", subrayó.
Este convenio, dijo, da la pauta de trabajar en coordinación para que los dueños de las parcelas, a través de su legítima propiedad y reconocimiento, accedan a los programas de gobierno.
Al firmar como testigo de honor, el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, recordó que ambas dependencias tienen la obligación de construir nuevos vínculos, y agradeció la formalización del convenio de colaboración que permitirá atender de mejor manera a los núcleos agrarios.
Aseguró que el trabajo conjunto en temas pendientes de la política nacional agraria y territorial será clave para sentar las bases en el desarrollo de una iniciativa que armonice las leyes en beneficio del espacio y brindar una mejor atención a todos los sujetos de estas comunidades.
El Procurador Agrario, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, mencionó que, en beneficio de más de 29 mil 200 núcleos agrarios en el país (51 por ciento del territorio nacional), se tiene una política de rescate del campo, con inclusión y equidad de género.
Puntualizó que el 30% de quienes trabajan los núcleos agrarios son mujeres y no tienen el derecho de propiedad, de ahí la trascendencia de este acuerdo para atender esta situación.
En el evento también participaron el coordinador general de Desarrollo Rural, Salvador Fernández Rivera, y el abogado general de la Sader, Francisco Conzuelo Gutiérrez, así como el subprocurador general, José Rafael Minor Molina, y la directora general de Organización Agraria, María de la Luz Rodríguez Morales, entre otros.