La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), hizo pública su preocupación por el hostigamiento, criminalización y obstaculización en las labores de asistencia y protección a casas de migrantes donde la Guardia Nacional, Policía Federal y corporaciones estatales han ingresado e intimidado a usuarios y voluntarios.
A través de un comunicado emitido por José Guadalupe Torrez Campos, Obispo de Ciudad Juárez y Responsable de Movilidad Humana, así como por Alfonso Miranda Guardiola, Obispo Auxiliar de Monterrey y Secretario General de la CEM, denunciaron que las casas, centros de derechos humanos y personas laicas sólo están respondiendo a la crisis migrante en México.
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"Por ello, han sido objeto de actos de hostigamiento, criminalización y obstaculización de las labores de asistencia, protección y defensa de derechos humanos de estas poblaciones. Como muestra, los casos más recientes son los ocurridos en el Centro de Atención al Migrante Exodus, en Agua Prieta, Sonora, con la Guardia Nacional; Casa del Migrante de Saltillo con la Policía Federal; DHIA y Uno de Siete Migrando en Ciudad Juárez y Chihuahua, respectivamente, con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua", señalan.
La CEM señala que los muros no solo se construyen con piedras y ladrillos sino también con actitudes negativas como el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en las fronteras de México como una solución fallida para frenar la migración.
Ante esta circunstancia, los Obispos de México se pronunciaron a favor de una justa política migratoria y denunciaron además que actualmente muchos migrantes son detenidos y deportados a México, bajo el programa unilateral americano "Quédate en México", por el cual miles de centroamericanos, esperarán una resolución de su situació\u0301n migratoria, colocándoles un brazalete electrónico y restringiéndoles su movimiento a un lugar especifico.
Finalmente reiteraron su preocupación por el cambio en la política migratoria del gobierno de México, pasando de una actitud de bienvenida, a otra de contención y deportación, además de la "insistencia que se ha recibido de parte de diferentes dependencias como PFP, SRE, INM, SEGOB solicitando información que los albergues manejan de manera interna, para salvaguardar la vida de las personas en tránsito".