La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigió a la autoridad federal a sancionar al Grupo México, responsable por el más reciente derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.
A nombre de esa bancada, la diputada Mónica Almeida recalcó que la empresa referida registra distintas anomalías y en todos los casos ha evadido su responsabilidad, al afirmar que ese tipo de desastres no tienen mayores efectos.
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Dichas conductas recurrentes y violatorias de la ley, señaló, deberían ameritar el retiro de la concesión a ese grupo empresarial, planteó la legisladora.
Almeida López indicó que el solo hecho de contaminar el agua, constituye un delito ambiental, sancionado con penas de hasta 12 años de cárcel, de acuerdo al Código Penal Federal; y las penalizaciones se incrementarían por el daño ambiental provocado.
La también presidenta de la Comisión de Marina en San Lázaro agregó que la Secretaría del Medio Ambiente ha señalado que el desastre ha causado la muerte prematura de especies en el Mar de Cortés, y afectaciones a la actividad pesquera, motivos por los cuales, es necesario sancionar a la empresa infractora.
Recalcó que el incidente en cuestión se suma a más de 20 derrames en los que el Grupo México está involucrado, incluyendo el registrado hace cinco años en el Río Sonora.
Por lo anterior, dijo, es urgente que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente actúe con firmeza, y no solo sancione a la empresa, sino que establezca protocolos de vigilancia más estrictos.
"No basta con imponer cargas económicas y sociales como la que se le impuso a esta misma empresa hace cinco años, tras afectar de forma casi irreversible los ecosistemas en el Río Sonora", señaló.
Por otra parte, la bancada del Partido Verde (PVEM) pidió redoblar acciones para combatir los incendios en la zona de la Resera de la Biosfera "Sian Ka\u2019an", en Quintana Roo.
Lamentaron que la falta de capacidad de las autoridades locales y federales, para proteger en los hechos dicha reserva natural, haya derivado en el daño a más de dos mil 500 hectáreas.
Refirieron que la zona de la conflagración está restringida y solo se permite realizar investigación científica, por lo que es necesario esclarecer el origen de los incendios, para determinar si fueron accidentales o provocados de manera intencional.
En ese caso, agregaron, la autoridad en materia de medio ambiente debe investigar e identificar a los responsables, a fin de que se les aplique la ley.