En el caso de la gubernatura de Baja California, que el Congreso local extendió hasta cinco años, pese a que en la elección correspondiente el gobernador fuera electo solo por dos años, el recurso adecuado para impugnar es la acción de inconstitucionalidad, planteó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, Baños Martínez indicó que el Senado de la República tiene la facultad de promover la desaparición de poderes, pero también tiene la obligación de considerar todos los efectos de esa decisión.
"La propuesta que se hizo para desaparición de poderes, vuelvo a insistir, está en la cancha de la Cámara de Senadores, pero esa instancia tiene que analizar con mucho cuidado todas las implicaciones que hay en este punto", indicó.
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La acción de inconstitucionalidad "en mi opinión es la vía correcta porque se trata de una modificación constitucional. La declaración de Kiko Vega, gobernador saliente, es una cortina de humo, dice él, yo no voy a publicarla. Pues no la va a publicar porque sabe muy bien que el artículo 34 de la Constitución local dice que si no la publica, pues la va a publicar el Congreso del estado. ¡Tampoco nos vamos a estar leyendo las cartas con ese tema!", exclamó.
Ya sea que se presenten acciones de inconstitucionalidad o se promueva la desaparición de poderes, hay que dar marcha atrás a lo ocurrido en Baja California, enfatizó.
De lo contrario, se establecerá un precedente para que congresos estatales caigan en la "tentación" de ampliar o reducir periodos gubernamentales, pasando por encima de la norma electoral y los fundamentos de la democracia.
También consideró necesario investigar a fondo lo sucedido y si existe responsabilidad penal, así se determine, por tratarse de un "fraude a la ley" en el que estarían involucrados los legisladores locales.
"Y si hay necesidad de desahogar procedimientos de investigación y establecer responsabilidades de tipo penal, se tiene que hacer, no debe haber ahí ningún tipo de condescendencia a una decisión que es contraria a derecho y al orden constitucional mexicano", remarcó.
"¿Acción legal para los mismos legisladores, o qué figura?", se le consultó.
"Pues es que eso es un fraude a la ley, hay que decir que en este caso, de manera clara y contundente se está violando el orden constitucional", insistió.
Respecto a las acusaciones del Partido Acción Nacional (PAN) y otras figuras políticas, de que los congresistas de Baja California "vendieron" el voto para favorecer de manera indebida a Bonilla Valdez, el consejero Baños instó a presentar denuncias formales y pruebas.
Con ello, abundó, los diputados locales podrían ser desaforados y penalizados por los ilícitos que resulten.
Calificó como "una verg\u00fcenza" y un precedente vergonzoso, todo lo que ocurre en ese estado.
Manifestó que el propio gobernador electo, Jaime Bonilla fue quien promovió la ampliación del periodo gubernamental, ya que durante la contienda, su equipo legal hizo distintas diligencias con tal fin.
"Me parece a mí que el hecho de Baja California es un precedente vergonzoso, donde un gobernador electo, de la manera más extraña y absurda, decide impulsar un cambio al periodo que le corresponde. Pero lo más grave de todo es que el proceso ya había terminado, porque Bonilla había recibido la constancia y el dictamen de entrega de la constancia de declaratoria de validez de la elección dice que es por un periodo de dos años", enfatizó.
Asimismo, catalogó como una "cortina de humo" y un intento de evadir responsabilidades por parte del gobernador saliente, Kiko Vega, el anuncio de que no publicará la polémica reforma aprobada por los congresistas locales. Bien sabe que si él no lo hace, el Congreso la puede publicar.
Lamentó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador haya optado por no hablar del tema, excepto cuando la opinión pública y los periodistas lo instaron a ello, a lo que el Jefe del Ejecutivo respondió de manera evasiva que él no habría aprobado tal reforma.