En la Cámara de Diputados, las comisiones que atienden Asuntos Migratorios, Frontera Norte y Frontera Sur, recibieron al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes.
El funcionario defendió las decisiones migratorias, en especial las tomadas a partir de la llegada de las numerosas caravanas migrantes, y el amago de imponer aranceles lanzado por el Presidente Donald Trump
Aseguró que no hay violación alguna a la Carta Magna con la política migratoria que siendo humanista.
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"El Gobierno de México decidió tener una respuesta digna y progresista para los tiempos en los que vivimos, promovamos el desarrollo y la calidad de vida en los lugares de origen de la migración. En otras palabras, invirtamos en oportunidades y no en muros. Con ello, el Plan de Desarrollo de Centroamérica, que no quepa duda, México está del lado correcto de la historia, porque nuestra apuesta es por el desarrollo y no por la contención", insistió.
Rechazó que México haya aceptado ser "tercer país seguro" a frenar el avance de las caravanas a Estados Unidos, y negó haberse dejado "espantar con el petate del muerto" de los aranceles.
"De ninguna manera nosotros como Ejecutivo podríamos pensar que el Presidente Trump nos estaba espantando nada más. Las consecuencias económicas y las consecuencias comerciales y sociales nos parece que sí hubieran sido muy graves, mucho más graves de lo que estamos viviendo ahora, pero ería irresponsable si no tomamos con seriedad", los dichos y acciones del principal socio comercial, atajó.
La reunión estuvo marcada por el intercambio de opiniones y críticas, de ida y vuelta, entre el Subsecretario Reyes y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.
El congresista del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) recalcó que México está siendo "de facto", un "tercer país seguro" como demandó el gobierno de los Estados Unidos y eso es violatorio del artículo 11 de la Constitución, que consagra el derecho de libre tránsito por el territorio nacional.
"Si no acatamos esto es simplemente violatorio de la Constitución. Y mucho me temo que nos estamos inclinando a una política contraria. En cuanto diputado, no solamente presidente de la Cámara y del Congreso de la Unión, yo juré hacer cumplir la Constitución y lo voy a hacer con todas las fuerzas a mi alcance, así sea contra las decisiones que tomen por cualquier ámbito del poder público mexicano", sentenció.
La política migratoria de México, corresponde a la del "tercer país seguro", como pidió el gobernante norteamericano, pese a que la Cancillería ofreció que ello no ocurriría, criticó.
"Eso significa tercer país seguro y eso yo sí pido que responda la Cancillería, porque hace semanas o meses que nos dijeron, aquí en esta Cámara y en la Permanente, la Secretaría de Relaciones, que no aceptaríamos el principio de tercer país seguro. Hoy se consuma", dijo el presidente de Congreso, haciendo énfasis en sus palabras, con un par de palmadas en la mesa.
Contundente, el congresista de MORENA dijo tener evidencia de que los migrantes centroamericanos varados en México, están "hacinados" en sitios similares a los campos de concentración empleados en la Segunda Guerra Mundial.
Al aseverar que el fondo de la crisis migratoria radica en los aranceles y también el tráfico de personas a manos del crimen organizado, lo que hace del asunto una cuestión de seguridad nacional, el diputado federal señaló que de acuerdo al diagnóstico de especialistas, México accedió a cambiar aranceles por migrantes.
"Simplemente se asustaron con los aranceles, no tuvieron tiempo para serenarse, pensar en una medida contraofensiva. No se vale pagar aranceles con migrantes o con carne humana. Hay que poner medida económica, medida económica", dijo.
En sus respuestas a los cuestionamientos de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y otros partidos, el Subsecretario para América Latina aseveró que la política de "muros" no está funcionando.
Destacó el apoyo político como económico de otras naciones y organismos internacionales al Plan de Desarrollo en Centroamérica.
Comprometió que los donativos recibidos y los dos mil millones de pesos del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, también conocido como "Fondo Yucatán", se manejarán con transparencia.
Sobre el número de mexicanos que serán expulsados de Estados Unidos en las próximas horas, reiteró que mil 807 personas tiene orden definitiva de deportación.
Enfatizó que el Gobierno de México tiene previsto utilizar recursos de sus principales programas "ancla", para atender a los ciudadanos centroamericanos que se queden en el país.
Esto no implica que habrá reducciones a rubros prioritarios como y educación, aclaró.
Dijo desconocer cuántos centroamericanos podrían ser enviados a México por Estados Unidos, como parte del programa de redadas, y reconoció que el país ha debido tomar medidas urgentes ante un fenómeno cuyas dimensiones no estaban previstas y para el cual, no estaba preparado.