Respaldan PAN, PRI, PRD y Muñoz Ledo denuncia por tráfico de influencias en SHCP

Lo anterior para que se investigue a quienes resulten responsables, incluso al ex titular de la SHCP, Carlos Urzúa, por los actos irregulares que éste dio a conocer en su carta de renuncia. 

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una denuncia firmada no solo por integrantes de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), sino también del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e incluso por el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro e integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Porfirio Muñoz Ledo.

El documento fue entregado en la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Función Pública, este miércoles 10 de julio.

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En el mismo, aparecen las firmas del diputado promotor, José Elías Lixa; así como de las diputadas panistas Verónica Sobrado y Lizbeth Mata; la vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro e integrante de la fracción tricolor, Dulce María Sauri; la coordinadora de la bancada del Sol Azteca, Verónica Juárez; y del presidente de la Cámara y el Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo.

Entre otros puntos, la denuncia entregada en la Función Pública refiere a la renuncia del doctor Urzúa Macías e integra el texto de la misma.

Indica que el Presidente de la República "reconoció" en una conferencia de prensa que existe imposición de funcionarios públicos, como el titular de Nacional Financiera, Eugenio Nájera, propuesto a su vez por el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

Añade que de los dichos de Urzúa Macías, a quien también debe investigarse, recalcaron, se desprenden dos hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas graves, como la influencia en de "otros servidores públicos" en el nombramiento de funcionarios sin capacidad técnica ni experiencia para integrarse a la Secretaría de Hacienda y diversos espacios en la banca de desarrollo.

En consecuencia, dice el texto, la Función Pública debe revisar e investigar los actos "constitutivos de faltas administrativas graves" que se desprenden de la carta de renuncia referida.

"Ordenar el inicio de la investigación que corresponda, así como de las actuaciones y diligencias que al efecto sean necesarias para dicha investigación. En su caso, presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que corresponda y, de resultar procedente, dar vista al Ministerio Público federal por actos que pudieran ser constitutivos de delitos", demanda.