En el primer trimestre del año, la Policía de Investigación de la Procuraduría capitalina sólo concretó 676 órdenes de aprehensión, 336 por reaprehensión y casi 2 mil 500 órdenes de localización u oficios de colaboración con otras autoridades, revela un informe de la institución, en el que se puntualiza que no se generó ningún gasto de inversión para este propósito.
Sin embargo, el fortalecimiento institucional de la PGJ podría sufrir modificaciones por falta de inversión en áreas estratégicas o sustantivas, lo que también podría incidir en el rezago del cumplimiento a los mandatos judiciales o ministeriales.
El titular del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, precisó que los recursos destinados al fortalecimiento institucional de lo que próximamente será una Fiscalía, han sido insuficiente y no sólo en la Procuraduría capitalina, sino a nivel nacional donde el rezago de órdenes de aprehensión es muy amplio.
"Estamos hablando de números absolutamente insuficientes e ineficientes, porque es como si tú le debieses a una tarjeta y en vez de pagar lo mínimo pagas la mitad.
"No se está mejorando porque no se está gastando ni siquiera lo que es necesario para que las cosas se mantengan; México debería estar invirtiendo mucho más en materia de seguridad y ahí tenemos una gran deuda".
Las limitaciones en la Procuraduría capitalina se traducen en la falta de contundencia en la persecución y sanción a los que han cometido algún delito.
"Cuál acceso a la justicia si ni siquiera tenemos un número suficiente de Ministerios Públicos, cual acceso a la justicia si no tenemos las estructuras para hacerlo, de qué nos sirven las cárceles si estas están colapsadas\u2026sí necesitamos invertir, mejorar procesos, supervisión y rendición de cuentas; por eso tenemos problemas que agreden al ciudadano como a la autoridad", puntualizó.
De 40 mil 531 órdenes judiciales y ministeriales que se emitieron en el primer trimestre de 2019, la PGJ reportó que la Policía de Investigación, sólo dio cumplimento al 90.55 por ciento, con 36 mil 701 órdenes cumplidas, dejando un margen de 10 por ciento sin concretar.
De esas 36 mil 701 órdenes, 31 mil 106 corresponden a intervenciones ministeriales, 2 mil 073 traslados a reclusorios; 3 mil 522 diligencias ordenadas por el Ministerio Público.