La decisión del Presidente de la República, de no recibir personalmente el informe 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resulta preocupante, pues es un signo de desdén al balance en materia de agresiones y violación de las garantías en México, así como a los organismos autónomos, advirtió la coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez.
Señaló que relegar la entrega del informe del ombudsman nacional a un acto privado ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), tiene como fin evitar señalamientos a las medidas aplicadas al inicio de la presente administración y que han afectado los derechos en materia de salud, seguridad y justicia.
La diputada Juárez Piña expresó que el acto debió haberse realizado este lunes 3 de junio, pero el Presiente de la República no tuvo voluntad de escuchar.
Recordó que usualmente, la presentación del informe sobre el trabajo de la CNDH y su diagnóstico en la materia en el último año, tenía como fin establecer un intercambio de ideas respetuoso entre la Presidencia y la Comisión, así como dar a conocer el balance del cierre del sexenio del Presidente Enrique Peña, y el del arranque del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, se cerró la puerta al señalamiento de las afectaciones e impactos ocasionadas por las medidas de austeridad del Gobierno Federal.
El informe de la CNDH, refirió la congresista, indica que el 2018 fue crítico para los derechos humanos, en especial en temas de salud, donde la racionalización del gasto por parte del Ejecutivo Federal ha llegado a poner en riesgo la atención, integridad y la vida de las personas.
Debilitar los sistemas públicos de salud, es violatorio de derechos humanos; señalar anomalía, corrupción e irregularidades de administraciones anteriores, obligan a investigar e imponer sanciones, es parte del balance que debía presentar públicamente el organismo defensor, agregó la legisladora.
También se haría mención de la modificación en la entrega de apoyo a estancias infantiles y refugios para mujeres víctimas de violencia; así como de la descalificación a las organizaciones de la sociedad civil y periodistas, por parte del titular del Ejecutivo Federal, abundó.
Al considerar que el balance de la CNDH haría notar la falta de compromiso de la Presidencia con los derechos humanos, la legisladora indicó que cabe hacer un llamado al Presidente de la República.
Al Primer Mandatario, remarcó, hay que hacerle ver las consecuencias de la política de austeridad a rajatabla, ya que que no solo han puesto en riesgo la salud e integridad de las personas, sino afectado el funcionamiento de instituciones de salud, de educación superior, de investigación científica y tecnológica.
"Debe ser prioritario para todas las autoridades el garantizar al máximo las conquistas de las y los ciudadanos así como establecer las condiciones para que éstas se amplíen de manera progresiva. No es aceptable que las instituciones que contribuyen al desarrollo científico, tecnológico y deportivo de nuestro país se vean limitadas por un férreo control presupuestal que no contribuye en nada al crecimiento de México", dijo.
Por todo lo anterior, abundó, es preciso que la mayoría en el Congreso deje de poner trabas para que la Comisión Permanente del Congreso llame a rendir cuentas al titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Carlos Urzúa, a fin de que explique la drástica política de austeridad y todas sus afectaciones.