Impunidad en caso Tlatlaya mal mensaje para la Guardia Nacional: Centro Prodh

El Centro Prodh señaló que a pesar de que existe una orden judicial, la FGR ha omitido realizar con debida diligencia la investigación de los hechos

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En el marco del inicio de operaciones de la Guardia Nacional, el Centro Prodh, lamentó que a cinco años de la masacre de Tlatlaya prive la impunidad y no haya castigo a los militares responsables de estas muertes.

A través de un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos recordó que hace cinco años, elementos del Ejército masacraron a al menos 12 personas "en el contexto de la militarización de la seguridad pública. Lamentablemente, a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia".

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El 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes \u2013el Organismo Nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió.

El Centro Prodh señaló que a pesar de que existe una orden judicial, la FGR ha omitido realizar con debida diligencia la investigación de los hechos.

Finalmente esta organización señala que el encubrimiento y la impunidad que privan en este caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional.

"Si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos los niveles sancionados, se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos", señala el Centro Prodh.