La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó que existiera uso indebido de recursos públicos por parte de la edil de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, en la Fiesta del Libro 2019, donde participó el académico John Ackerman.
En sesión pública, los magistrados consideraron que el discurso que dio Ackerman en la feria del libro y en el periodo de intercampaña fue parte de su libertad de expresión, a pesar de que mencionó a Morena y al nuevo gobierno federal, pero “no pidió el voto por algún candidato en específico ni trató de influir en el electorado y por tanto no hubo violación a la ley”.
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El PAN presentó una queja contra la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, por el supuesto uso indebido de recursos públicos, ya que desde su punto de vista se posicionó a Morena y sus candidaturas, a través del evento "Charlando con John Ackerman".
La Sala Regional Especializada declaró inexistente la infracción atribuida a la presidenta municipal, al señalar que los dichos de Ackerman están protegidos por la libertad de expresión y de pensamiento, determinación que la Sala Superior consideró no fue correcta, pues se deben analizar a fondo los discursos y declaraciones, y no aludir a esa libertad para tomar determinaciones jurídicas.
También, consideraron que no existieron actos anticipados de campaña de parte de Enrique Cárdenas, candidato a la gubernatura de Puebla, por declaraciones en una rueda de prensa, que fue cubierta por cuatro portales de internet pero ninguno destacó los llamados expresos de apoyo; por lo que consideraron que no trascendieron a la ciudadanía.
Además, los magistrados confirmaron la resolución del Instituto Nacional Electoral que establece los lineamientos que regulan la transmisión patrimonial de los partidos políticos nacionales en liquidación a los nuevos partidos locales que obtengan su registro en alguna entidad federativa, como ocurre con Nueva Alianza en Morelos, Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Nayarit, Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí, Chiapas y Chihuahua, quienes pretendía que no se realice el descuento de los recursos públicos que reciben para el pago de deudas que fueron generadas por el partido político nacional que perdió el registro en 2018.