Las secretarías de Bienestar, Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia rechazaron la recomendación 29/ 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "sobre la violación a los derechos humanos de los beneficiarios de las estancias infantiles”.
El DIF respondió al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, que tras un "análisis profundo se determinó que no existe justificación para concluir que el Estado Mexicano incumplió con el principio de progresividad y no regresividad” tras la modificación de las reglas de operación de los programas de estancias infantiles y apoyo al bienestar de niños e hijos de madres trabajadoras.
En un comunicado, aclaró que los programas no fueron cancelados porque ahora el apoyo económico se da de forma directa y ampliaron su espectro de protección al incluir a niños con discapacidad, provenientes de un municipio indígena, de regiones con rezago social, pobreza extrema, altos índices de violencia y zonas turísticas.
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El documento, indicó, que "no se ha demostrado que entregar directamente los recursos a los beneficiarios les genere un perjuicio" y refirió "que no existe un instrumento jurídico" que obligue al Estado entregar subsidios a un ente privado, por lo que los empleados de las estancias infantiles podrán continuar ejerciendo su actividad como personas morales constituidas conforme a la legislación y “percibiendo ingresos lícitos derivados de su fuente de trabajo".
Consideró que la CNDH "utilizó datos imprecisos y argumentos infundados para intentar responsabilizar a cuatro instituciones del Gobierno de México por la implementación de una política pública social”, por lo que "excede sus facultades al determinar la existencia de violaciones a derechos humanos en casos que, a través de mil 292 juicios de amparo y un procedimiento de contradicción de tesis, se encuentran en proceso de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
Por último, señaló que la CNDH "no realizó un análisis objetivo, profesional, ético y jurídico con información fidedigna para emitir la recomendación y existe una grave falta de conocimiento sobre el ámbito de las facultades y atribuciones de las cuatro dependencias", y aclaró que su argumentación se basa "en el otorgamiento de suspensiones provisionales a las estancias infantiles, obviando que éstas, por su naturaleza, se tratan de cuestiones incidentales”.