La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ahora identificada como FEDE y antes FEPADE, tiene un historial acumulado en 25 años, de solo mil denuncias por compra y coacción del voto, de las cuáles, menos de 20 se pudieron "judicializar", indicó el ex titular de ese organismo, Héctor Díaz Santana.
Durante su participación en el foro de análisis de la propuesta de reforma electoral presentada por diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en la Cámara de Diputados, el ex funcionario señaló que la compra y coacción del voto no se denuncia, porque se lleva a cabo de común acuerdo.
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"La FEPADE tiene en toda su historia, mil denuncias por compra del voto. De esas mil denuncias menos de 20 se han podido judicializar, pero ¿por qué? Porque la compra del voto, uno, no se ve como compra del voto, es un intercambio, tanto uno como otro están de acuerdo, por eso vuelvo al tema de los valores democráticos, si se intercambia el voto, es porque no se le da ningún valor. Segundo, se hace en la clandestinidad, tercero, es con financiamiento irregular", refirió.
Recalcó que se trata de un problema de educación cívica y de valores democráticos entre la población, donde el voto es valorado como un elemento a intercambiar por un beneficio temporal.
Indicó que esa práctica se comete y no se denuncia, por llevarse a cabo de común acuerdo; aunado a que los votantes la identifican como delito, pese a que generalmente involucra financiamiento irregular y se lleva a cabo de manera clandestina.
"Si hay compra del voto es porque el ciudadano se deja comprar el voto. Si le condicionan un programa social es porque no tiene las herramientas suficientes para que sepa que los programas sociales tienen como fin construir capital humano y que desviarlos para asuntos electorales es un claro acto de corrupción. Entonces requerimos trabajar mucho con la ciudadanía", explicó.
Otro problema que enfrenta la Fiscalía en materia de Delitos Electorales, es que recibe un presupuesto muy reducido, y en su gran mayoría se gasta en el pago del personal.
Para 2019, dijo, se le asignaron 360 millones de pesos, de los cuales 340 se gastarán en el pago de nómina y aproximadamente ocho millones se utilizarán para cumplir sus labores de seguimiento a las denuncias presentadas.
Refirió que a nivel mundial, el sistema electoral mexicano es un ejemplo, pero tiene fallas por corregir, como el de la educación cívica y en democracia, pero de manera efectiva.
Agregó que existe un fenómeno de "hiper judicialización", ya que la Fiscalía recibe en promedio tres mil denuncias al año, pero los casos no derivan en sanciones, porque el proceso judicial es tardado, las partes no presentan pruebas suficientes y su propósito es "ver si pegan".
Al pronunciarse a favor de fortalecer las fiscalías en materia electoral, señaló que sus integrantes deberían ser nombrados para periodos fijos, a fin de evitar se sometan a "vaivenes políticos".