La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California Sur en contra del Decreto de Estímulos Fiscales Región Frontera Norte que aplica descuentos al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta, y que limita la franquicia de importación de mercancías en los aeropuertos.
El gobernador Carlos Mendoza Davis promovió dicho recurso, debido a que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador no contempla ni un municipio de Baja California Sur como región fronteriza.
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Agregó que para efectos fiscales, la entidad no es considerada región fronteriza como lo eran antes, por ello paga el doble del IVA y 33 por ciento más de ISR que en la frontera.
La Segunda Sala de la Corte declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto por el gobierno estatal, quien impugnó la decisión que en marzo de este año emitió la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien desechó su demanda.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó un proyecto el cual fue votado favorablemente por los integrantes de la Segunda Sala, por lo que la Corte ahora estudiará el caso y resolverá sobre el fondo del asunto.
El decreto impugnado abarca 43 municipios de los estados de Baja California, y algunos de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.