Es fundamental contar con una Ley de Protección de Denunciantes tanto en el sector privado como en el público, con el propósito de garantizar que quienes den a conocer posibles actos de corrupción no enfrenten consecuencias negativas en el ámbito laboral o personal, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Joel Salas.
A decir de Salas Suárez, la Ley de Protección a Denunciantes "es una pieza fundamental que le hace fatal andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción, porque no tenemos los incentivos puestos, para que le gente desde adentro denuncie, porque denuncian y se quedan sin su chamba".
*Información relacionada: INAI pide revelar información sobre Censo del Bienestar
"Tenemos que generar incentivos para que la gente denuncie, la caja negra de denuncias en este país es enorme. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, solamente seis por ciento de los delitos se denuncian, porque la gente dice: Para qué voy a denunciar si no va a pasar nada", indicó.
Al participar en el Diálogo "Nuevos retos de la transparencia en el combate a la corrupción", en Monterrey, Nuevo León, señaló que los órganos garantes locales pueden abrir información relacionada con actos de corrupción, en estrecha colaboración con los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).
"Al INAI y los órganos garantes locales, ya la propia Ley de Transparencia les da un instrumento muy fuerte para no mantener la reserva de la información cuando se habla de casos de corrupción. Hay dos elementos especiales: Uno, graves violaciones a derechos humanos y, dos, actos de corrupción", expuso.