En México, gobiernos anteriores sometieron a "huachicoleo" a los medios públicos, que fueron olvidados, saqueados, utilizados para fines particulares y de gobiernos en turno, se quedaron sin inversión, con infraestructura colapsada y han sobrevivido por el empuje y compromiso de sus trabajadores, denunciaron la directora del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Aleida Calleja; así como el titular del Sistema Público de Radiodifusión y del IMER, Jenaro Villamil.
"Durante los últimos seis años, los medios públicos mexicanos no solamente fueron minimizados sino que fueron saqueados, huachicoleados o como quieran llamarles, fueron abandonados. Pero lo peor es que no eran medios del gobierno, son medios del Estado, son inversión estatal", acusó Villamil Rodríguez.
"Nos hemos encontrado con cero inversión en esos medios, donde la infraestructura se está colapsando prácticamente, medios donde incluso, sí voy a decir la frase y se la voy a robar aquí a Villamil, se huachicoleaba con los medios públicos, a través de las licitaciones. Ya tendrán que hacerse las investigaciones pertinentes para que se de con los responsables", agregó Calleja Gutiérrez
Al participar en un foro de análisis sobre el Plan de Desarrollo, organizado en la Cámara de Diputados, los funcionarios señalaron que la reforma en materia de telecomunicaciones aprobada en 2014, dejó de lado aspectos como una Ley Federal de Medios Públicos, así como el respeto e impulso, en los hechos, a los medios comunitarios.
En particular, el responsable del Sistema Público de Radiodifusión indicó que la Ley de Medios Públicos debería avanzar en la presente Legislatura e ir más allá de la llamada "Cuarta Transformación".
Lo anterior, para garantizar la operación de medios plurales, que sean espacios de diálogo democrático, con respeto al derecho de libertad de expresión y respondan a los estándares internacionales.
Los medios públicos no son ni deben ser la extensión de la voz del gobierno ni estar subordinados al "modelo hegemónico de medios concesionados", como sucedió en administraciones anteriores, remarcó.
En su intervención, la directora Calleja subrayó que el Plan Nacional debería contemplar que los medios públicos se apeguen a lineamientos internacionales, incluyendo el financiamiento, a fin de evitar que sean "rehenes" de los gobiernos en turno.
De igual modo, enfatizó que el organismo regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debería ser llamado a rendir cuentas, ya que principios legales como el derecho al acceso a información plural y diversa, no se han cumplido.
En el caso de las radios comunitarias, señaló que si bien hay muchas emisoras ilegales, hay otras que por trabas legales y porque son relegadas de espacios, bajo riesgo y con desconocimiento de la ley, lanzan transmisiones sin autorización.
En esas condiciones, remarcó, meter a la cárcel a indígenas por abrir radiodifusoras, es una agresión.