La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 18/2019 dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de tortura, atribuibles a elementos de la Policía Federal y cometidas en agravio de una persona, así como por violación al derecho de acceso a la justicia, atribuible a agentes federales ministeriales.
Los hechos se registraron el 22 de octubre de 2013, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, cuando al salir la víctima de un establecimiento comercial fue detenida por tres policías federales que lo subieron a una patrulla en donde lo golpearon y torturaron con unas pinzas con las que le "prensaron" los dedos de la mano derecha y le "metieron" un cuchillo en la oreja izquierda para obligarlo a declarar que fue asegurado a bordo de una camioneta robada y con un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Fue trasladado a un hotel para ser interrogado y, tres horas después, fue presentado ante el Ministerio Público Federal, en donde se le vinculó como probable responsable en una averiguación previa.
Después de investigar el caso, la CNDH constató que los policías federales detuvieron arbitrariamente a la víctima al no existir orden de aprehensión ni flagrancia, además, acreditó una dilación al menos tres horas entre el momento de su aseguramiento y su puesta a disposición ante la autoridad ministerial para definir su situación jurídica.
Asimismo, concluyó que el personal ministerial federal fue negligente en la atención del requerimiento de un Juez de Distrito para que se abriera una indagatoria por la posible comisión del delito de tortura en agravio de la víctima, ya que desahogó tal petición un año y nueve meses después.
Posteriormente, se observó que otro agente del Ministerio Público de la Federación fue omiso en iniciar la averiguación previa por tortura, con lo cual incumplió la normatividad entonces vigente.